El concejal Alvaro Matías Grau comentó a radio 1000 AM que tomó conocimiento del caso del muver cuyo vehículo fue retenido tres días de manera irregular, atendiendo que no existe regulación alguna sobre esta actividad de intercambio entre conductores y pasajeros.

El edil capitalino remarcó que la propia PMT reconoció que está realizando este operativo con agentes que se hacen pasar como usuarios. “Esta es una cacería de gente y van a seguir haciendo este tipo de actividades”, añadió.

Según el manual de procedimiento, dos “zorros” piden un servicio de MUV y hacen que el conductor vaya hasta una barrera montada y que cometa una infracción para poder retener el vehículo y llevarlo al corralón. La medida establece que se apliquen todas las infracciones que puedan, de acuerdo a lo expuesto por Grau. “Hay ensañamiento demasiado grave hace”, mencionó.

Manifestó que el intendente Mario Ferreiro debe salir a explicar la gravísima actuación de los “zorros” a su cargo. De momento la municipalidad emitió un comunicado donde argumenta por qué se persigue a MUV.

El concejal indicó que al increpar a Florentín Giménez, coordinador general de la PMT, este argumentó que el servicio ofrecido es ilegal, porque se trata de una actividad que no está regulada, sin embargo, al respecto el edil remarcó que al no estar establecida en la normativa entonces está permitida. Es por ello que subrayó la necesidad de contar con una ordenanza.

En ese sentido denunció que la PMT oculta información hace tres meses respecto a la situación de los taxistas de Asunción, ya que solicitó ese dato para poder elaborar su propuesta de ordenanza. En ese sentido recordó que mucho tiempo estuvo detrás de esa dependencia y que luego de meses recibió solo una parte de lo requerido. “Después de mucho andar detrás de ellos, la semana pasada me remitieron. Está deficiente, solo cuenta la cantidad de taxis, a nombre de quiénes están y sus paradas”, indicó.

Grau sostuvo que falta todavía quiénes son, si poseen seguro obligatorio, cumplen ITV, están tributando, y si tienen el registro de categoría A, entre otros puntos.

El concejal refirió demás que semanas atrás, en la comisión de tránsito recibieron a los taxistas y que estos les pidieron que prohiban a los muvers y ubers, sin embargo, los ediles les aclararon que no pueden salir a favor de ellos y que faltaba contar con el informe de la PMT para conocer la situación actual y encaminar de allí los trabajos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.