De insólita e ilegal calificó el futuro canciller Rubén Ramírez Lezcano, a la sanción aplicada por el BCP en su contra, por una supuesta irregularidad que se le atribuye, durante el tiempo en que se desempeñaba como miembro del directorio de un banco privado.

La penalización en cuestión refiere una presunta distribución de dividendos por encima de lo estipulado por la ley, y de la que llamativamente participó el que aplica la sanción, es decir, el titular actual del BCP José Cantero.

Cantero firmó la resolución, habiendo sido parte de la administración de dicha entidad (era gerente general y miembro del directorio sancionado), cuando se cometieron las presuntas faltas administrativas.

“No soy responsable por hechos que no cometí. Lo que hace aún más grave a la situación es que fui parte del grupo de directores que de forma inmediata, y de forma diligente puso a conocimiento de las autoridades del Banco Central del Paraguay y de la superintendencia de bancos, específicamente, las irregularidades detectadas”, declaró Ramírez en comunicación con la 730 AM.

Agregó que, personalmente promovió el proceso de regularización, sin que se haya producido daño alguno ni a la entidad financiera ni a terceros. Anunció que ratificará su posición en la instancia judicial de competencia.

“Es así que con certeza y convicción voy a seguir ejerciendo mi defensa en la instancia judicial en esta etapa. Yo entré en el año 2018 en el directorio del banco. En ese año hubo una revisión integral, antes de ingresar al banco hice una revisión de todas las auditorías, de todos los estados contables, y justamente no encontré ninguna observación”, apuntó.

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Ramírez Lezcano enfatizó lo ilegal e injusta de la resolución firmada por Cantero, teniendo en cuenta los documentos que avalan su posición.

“Hubo autorización de la superintendencia para la distribución. No hubo ninguna situación de daño en el mercado financiero. Lo irregular e ilegal es que, al no tener yo participación o intervención en los hechos, la sanción que me imponen es arbitraria, injusta e ilegal, y que, por tanto, el procedimiento como la resolución son nulos”, remarcó.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.