“Es un mero trámite, considerando que en la Cámara de Senadores ya se aceptó el veto del Ejecutivo. Este veto es lo que se conoce como muerte civil a los electores que no pagan la multa, por no ir a votar”, subrayó el diputado Avalos Mariño.

Diputado Avalos Mariño. Foto: Cámara de Diputados.

Esta disposición establece que los que infringieren lo dispuesto en el artículo 4, (aquellos que no votan), serán sancionados con una multa equivalente a medio jornal mínimo para actividades diversas no especificadas.

Estipula, igualmente, que en tanto dure el incumplimiento de pago de la multa establecida, tendrá los siguientes efectos: Suspensión de trámites ante la Subsecretaría de Estado de Tributación; suspensión de la emisión de pasaportes y antecedes policiales por parte del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional; suspensión de trámites ante la Dirección General de los Registros Públicos; suspensión de trámites ante la Dirección General de Catastros; suspensión de trámites ante la Dirección General de Registros del Automotor; y Suspensión de trámites administrativos ante las municipalidades.

 

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Renglón seguido, durante la reunión ordinaria, el estamento asesor decidió recomendar la aprobación del proyecto de ley “Que modifica los artículos 10, 11, 13, 34, 50 y 62 de la Ley Nº 1562/2000, Orgánica del Ministerio Público”, para la protección de los agentes fiscales asignados a la investigación en los casos de narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado.

Este proyecto busca resguardar la integridad física, garantizar la vida y la seguridad de los agentes fiscales, sus vínculos familiares, en cumplimiento de los artículos 9, 12, 16, 17 y 175 de la Constitución Nacional.

Refiere a aquellas diligencias de investigación donde corran peligro de sufrir algún daño, tratándose de hechos punibles vinculados con la criminalidad organizada, la corrupción, el abuso de poder o las violaciones a derechos humanos.

Por otro lado, el diputado Mariño significó que también fueron dictaminados, positivamente, dos convenios internacionales.

En primer término, se trata del proyecto de ley “Qua aprueba el convenio sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial”; y el segundo es el “Que aprueba el convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial”.

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“Todos estos convenios apuntan a facilitar el traslado de todas estas notificaciones y también faculta al Estado parte a designar una autoridad de aplicación, de tal manera que se facilite los tramites y que todas las comunicaciones sean a través de esta autoridad de aplicación”, señaló.

Otra decisión, durante la reunión semanal del bloque, fue aconsejar la aprobación con modificaciones, con relación al proyecto de ley “Que regula la aplicación de la huella dactilar en los comicios”.

El documento establece que la huella dactilar será implementada como un mecanismo de identificación adicional a la cédula de identidad. “…al momento de presentar la cédula de identificación, conjuntamente, deberá dejar constancia de su huella dactilar, con el sistema biométrico instalado para el fin”, establece el documento.

“Por sugerencia del propio Tribunal de Justicia Electoral, se decidió cambiar el término, en vez de huella dactilar, será utilizado las palabras “datos biométricos”. Esto implica mayor amplitud en el sentido de que no solamente será huellas dactilares, sino incluiría facial, ya utilizado en muchos lugares”, concluyó.

El dedo entintado, la única herramienta para impedir el doble voto. Foto: LN

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.