En entrevista con Radio Uno, el ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, manifestó que desde dicha cartera también ven con preocupación el reclamo del gremio de productores respecto al ingreso de tomate de contrabando.

En vista a ello, han mantenido reuniones con integrantes de la Armada, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Aduanas, de manera a tratar de buscar alguna solución al problema.

“Entramos en un momento en el que tenemos mucha producción en ese rubro, entonces se nos complica la comercialización del tomate”, afirmó, dando cuenta de la “superproducción” que se registra en la actualidad y que supera a la demanda existente en el mercado.

Lichi sostuvo que los tomateros que actualmente impulsan el cierre de ruta en la zona de Coronel Oviedo “son gente intransigente” que exigen un precio por kilo muy elevado, a criterio del MAG. En este caso, los mismos solicitan que se les pague G. 4.000 por kilo en finca.

Teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado, el precio final al que debería venderse el kilo de tomate es entre G. 2.500 y G. 3.000 como máximo, según el ministro. “Ellos no quieren entender eso”, acotó, haciendo referencia a los productores que se mantienen firmes en su postura.

Mencionó que existen dos o tres líderes que están solicitando un subsidio por parte del gobierno, el cual queda totalmente descartado debido a que no forma parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

“Creo que van a entender ellos, confío en que hoy no van a cerrar la ruta. Ojalá que eso sea así y que trabajamos para poder comercializar”, expresó Lichi a la 650 AM.

El mismo sostuvo que con un precio estimado de G. 2.500 se cubre el costo de producción y existe una cierta ganancia para los productores de tomate, quienes hoy cuestionan los problemas para la comercialización de sus productos debido al ingreso de contrabando.

Según estimó, entre hoy y mañana “se estará limpiando” el mercado nacional de productos extranjeros, permitiendo así que se eleve un poco el precio del tomate nacional.

INEFICIENTES

En charla con la 730 AM, el Secretario de Estado manifestó que hay muchos productores que aún no han cambiado su chip y creen que la ineficiencia en su método de producción tiene que compensarla con el precio del producto ofrecido a la ciudadanía en general.

“Queremos ayudarles a vender sus productos, pero es irracional que ellos prefieren que se pudran antes que vender a G. 2.500. Estos tipos están radicalizados en Coronel Oviedo”, lanzó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.