Hace aproximadamente dos meses los productores asociados del departamento de Caaguazu vienen golpeando puertas pidiendo que el gobierno ofrezca una solución. Hasta ahora la única respuesta de este gobierno fue la represión y el garrote.

El drama de estos productores sigue siendo el mismo, el infame contrabando y la incapacidad del gobierno para ofrecer soluciones. Unos 4 mil labriegos dependen directamente del rubro y multiplicando por cadena de valor los afectados, solo en ese departamento, llegaría a unas 25 mil personas.

En condiciones normales, las cajas del fruto se venden por G. 110.000 pero el ingreso masivo del producto desde Argentina y Brasil, perjudica y hacen que la misma cantidad quede en G. 40 mil o incluso menos.

Para que un productor pueda darle un mínimo margen de ganancia a su producto, la caja debe costar G. 70.000. Estas cifras revelan que el contrabando no solo hace que se reduzca el beneficio sino que, al contrario, directamente arroja números en rojo a los productores.

Durante la administración del ministro Denis Lichi el gobierno ofreció a los productores comprarles todo el producto a Gs 2.500 el kilo en finca, sin embargo la propuesta no fue aceptada debido a que solo para cubrir los costos los tomateros necesitan vender a Gs 3.500 kilo.

El acuerdo incluía además trabajar con la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Seprelad para seguir la ruta del negocio hasta llegar al intermediario que compra de contrabando y vende a los comercios. Con la salida del ministro Lichi y la llegada de Rodolfo Friedmann a esa institución, la iniciativa se truncó.

La realidad que hoy golpea al sector no encuentra soluciones desde el gobierno. Los productores se vieron obligados, como último recurso, a cerrar la ruta. La respuesta del gobierno fue inmediata: garrote y balines de goma.

Como saldo quedaron unos 25 labriegos imputados por coacción grave y perturbación de la paz pública. De esta manera hizo su debut en el cargo el nuevo ministro del Interior, Euclides Acevedo.

Los tomateros exigen que rueden las cabezas de Rodrigo González, presidente del Senave; y el ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann.

¿Apelar al “garrote” es la única estrategia del gobierno?

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.