“La situación de hacinamiento, la falta de acceso a los derechos, el importante grado de corrupción y la violencia que existe en el sistema funciona como caldo de cultivo para el fortalecimiento de las organizaciones criminales que siguen ampliando su espectro de poder dentro del sistema penitenciario”, comentó Leguizamón a radio Universo.

La familia de Cristian Javier Vera Benítez (26), reo que se entregó tras la fuga del penal de Pedro Juan Caballero, denunció que el hombre fue garroteado por los guardiacárceles y sufrió la fractura de una pierna. El maltrato del reo se dio justamente luego de que este revelara a la prensa cómo fue el esquema de escape de los 75 internos, muchos de ellos miembros del Primer Comando Capital (PCC), con aparente complicidad de los guardias.

Al respecto, el comisionado nacional refirió que la intervención de ciertos organismos del Estado que no logran consenso a la hora de definir si la agresión fue o no tortura prueba que los reos son quienes sufren las precariedades del sistema penal.

ESTADO DE EXCEPCIÓN

Leguizamón indicó que el Mecanismo todavía no analizó el proyecto de declaración de estado de excepción en el departamento del Amambay. Manifestó que dicha zona del país está militarizada desde el cambio de la ley del Ministerio de Defensa en el 2013 y la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

“Dentro de los departamentos militarizados y que deben ser controlados están Amambay, Concepción y San Pedro. Están dentro del ámbito de acción de la FTC y no entendemos cuál es la diferencia con el estado de excepción y el proceso de militarización que se propone. La acción es la misma y no se vieron resultados de ninguna forma”, finalizó.

INVESTIGACIÓN DE LA FUGA

A cinco días de la bochornosa fuga de los 75 reos del penal de Pedro Juan Caballero, la Fiscalía aún no pudo ver las imágenes del circuito cerrado de la sede penitenciaria, a raíz de que el departamento técnico sigue analizando las filmaciones.

La Policía Nacional continúa llevando a cabo procedimientos en Amambay y otros departamentos del país en busca de los reos del PCC que se fugaron de la cárcel de Pedro Juan Caballero en la madrugada del domingo. Hasta el momento, nueve reclusos han podido ser recapturados.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.