A través de un pronunciamiento dado a conocer este lunes, Serpaj sentó postura respecto a la nueva denuncia de maltratos físicos en la esfera castrense, específicamente en el Liceo Militar “Acosta Ñu” – LICEMIL.

Bajo el título “Nuevos casos de Torturas, viejas prácticas en las FF.AA.”, la organización de derechos humanos lamentó lo ocurrido a tres cadetes menores de edad que actualmente cursan el 2º Año de la Media en dicha institución.

Según refiere en el comunicado, estos hechos pueden ser considerados como “prácticas de torturas en contra de jóvenes que por algún motivo se inscriben en sus filas”.

“Nos preocupa de sobremanera que los hechos denunciados podrían ser tipificados como tratos crueles, inhumanos o degradantes, se dan en el lugar donde se instruye a jóvenes a ser bachilleres y graduarse de Subtenientes de Reserva”, señala el texto.

Natalia Rodríguez, asesora jurídica de Serpaj, en entrevista con HOY manifestó que se hicieron eco de la denuncia a través de las publicaciones periodísticas y posteriormente pudieron ponerse en contacto con los familiares de los estudiantes afectados.

De acuerdo a lo que los mismos habían manifestado, la agresión se dio por parte de un cadete de un curso superior (3º año) que los habría golpeado en la planta de los pies con un palo, hecho que les provocó diversos hematomas en esa zona del cuerpo.

Las familias están analizando qué acciones tomar respecto a este hecho, según indicó Rodríguez, por lo que no se descarta la eventual presentación de una demanda o una denuncia penal.

“Como una organización abocada a la sensibilización de la población sobre la cultura de paz ya la no violencia activa planteamos el abolicionismo de las Fuerzas Armadas. No estamos de acuerdo en las condiciones en que se da este reclutamiento de jóvenes que en muchos casos se da de manera forzosa. Creemos que deben existir políticas públicas adecuadas para evitar que esto se vea como una solución, esto no soluciona ni el problema del desempleo ni de la falta de acceso a la educación”, expresó.

De igual manera, desde Serpaj también están analizando la posibilidad de acudir ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este y otros casos similares de maltratos a menores de edad en cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio y que fueron registrándose en el transcurso de los últimos años.

La organización de derechos humanos exige a las autoridades del Liceo Militar “Acosta Ñu” que ordenen unainvestigación a fondo de lo ocurrido, de manera a sancionar a los responsables y que se tomen los recaudos para evitar que hechos como este se repitan.

Asimismo, pide a la Fiscalía que pueda actuar de oficio para poder esclarecer los hechos de tortura a los que habrían sido sometidos los denunciantes y a otras instituciones como el Poder Judicial, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia que puedan realizar las averiguaciones pertinentes y dar seguimiento a la denuncia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.