“No vamos a poder seguir prestando el servicio. El sector transporte es el último en colapsar”, aseveró Ruiz Díaz a Radio Universo.

Este explicó que “perdimos el 80% de la recaudación” ante la necesaria regulada y que “no podemos hacer frente a la compra de combustibles y al pago de funcionarios”.

“Hay incapacidad para sostener las deudas con los bancos, algunas de ellas están en dólares por la compra de unidades”, contó y afirmó que “necesitamos una reinvención”

Sobre ese punto, César Ruiz Díaz dijo que “hay que reinventar el servicio operacional. No reclamamos un subsidio, pero si no hay ingresos no se puede prestar el servicio”.

“En la calle tenemos al 50% de la flota y los pasajeros están en el orden del 20%. Es una ecuación que no nos cierra”, refirió.

Una de las alternativas que sostienen sería viable es un sustento mensual de casi tres millones de dólares.

“Ese es el monto que perdimos. Se nos acaba el dinero y el subsidio del Estado dependerá de la reinvención que hagamos”, manifestó.

Sobre eso, Ruiz Díaz aclaró que “esa alternativa es complicada en tiempos en que la economía colapsa”, pero que “la reinvención es necesaria para que el servicio sea sustentable y rentable”.

“Los buses que van al interior no operan hace un mes, así como los que salen al exterior. El caudal de pasajeros no les permite tener una operatividad rentable”, insistió.

César Ruiz Díaz indicó que están en la categoría de servicios indispensables y que por ende “nos vemos obligados a trabajar”, pero que ante la escasez “vamos a trabajar solamente con el 205 de la flota”.

“Tenemos que replantearnos las cosas para que el servicio siga y las personas puedan seguir yendo a trabajar”, dijo y anunció que con la reducción de personal laboral, los que no estén operativos deberán quedar colgados literalmente.

“Con el 20% del servicio, el 80% restante se va a quedar en su casa”, lamentó y comparó con otras áreas comerciales. “Sin ingresos no se puede trabajar. Es lo que pasa a los restaurantes. Perdieron clientes y se vieron obligados a cerrar”, significó.

Entre las alternativas no contempla la liberación de combustible porque considera que “es nada más que un componente” e insistió que el subsidio en sí no es el problema, sino el reordenamiento del servicio.

Explicó que si se llega a un acuerdo ventajoso, “por nuestra cuenta correrá sufragar los préstamos con los bancos”, pero que mientras tanto no hallen una solución, lo más inminente es la cancelación del servicio a la ciudadanía, generando de paso pérdidas de fuentes de trabajo a choferes, personal administrativo y técnicos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.