Niños trabajadores del Mercado de Abasto de Asunción festejaron hoy el 26 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Con actividades lúdicas pero también reivindicativas, los niños defendieron su derecho al trabajo en un lugar que muchos de ellos frecuentan a diario para vender sus productos o ayudar a sus familias en los puestos del Mercado, explicó a Efe Norma Duarte, de la asociación Callescuela.

“Muchos niños de Asunción y del área metropolitana acuden cada día al Mercado de Abasto para trabajar vendiendo productos o para rastrear verduras o frutas desechadas con las que alimentarse. El mercado es un modo de supervivencia para ellos”, dijo Duarte.

Lamentó, sin embargo, que muchos de estos niños trabajadores se enfrenten en el Mercado al “maltrato y humillación por parte de los clientes y de la Policía”, que a menudo “los identifican con ladrones o delincuentes y los responsabilizan de la inseguridad en las calles”.

A este maltrato se une, según la representante de Callescuela, la “falta de protección” de los niños trabajadores, que en entornos como la calle o el Mercado “están expuestos a todo tipo de riesgos, desde la explotación laboral o sexual, hasta su utilización para el narcotráfico, o el consumo de drogas”.

Duarte exigió que se castiguen estas prácticas, pero precisó que la protección a la infancia no debe ir ligada a una mayor represión policial.

“La solución a los riesgos que padecen los niños trabajadores no es prohibir el trabajo infantil. Hay que erradicar las causas que les obligan a trabajar en las calles, como la pobreza y el hambre que padecen o la falta de trabajo de sus familias”, manifestó.

En este sentido, solicitó que todas las escuelas implanten programas de almuerzo y merienda escolar y que permanezcan también abiertas durante las vacaciones de verano, para asegurar a los niños su derecho a la recreación y a la alimentación, un tema que fue tratado este viernes en el Congreso paraguayo durante una audiencia pública.

La extensión del almuerzo y la merienda escolar forma parte también de las reivindicaciones que los estudiantes secundarios exponen en las movilizaciones que protagonizan desde hace varios meses por una mejora en la calidad educativa.

“Los programas de merienda escolar solamente cubren a un 30 % de las escuelas públicas de Paraguay. Ningún niño debería estar estudiando con hambre. De esto hablamos cuando nos referimos al interés superior del niño, al que Paraguay se comprometió cuando ratificó la Convención sobre Derechos del Niño en 1990”, recordó Duarte.

En Paraguay un total de 436.419 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años son económicamente activos, lo que representa a uno de cada cuatro menores en esa franja de edad, según datos de 2011.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) llama a la “erradicación progresiva” del trabajo infantil, mientras que la Coordinación Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (CONNATs) de Paraguay reclama que se reconozca la condición de trabajadores de los menores de edad y se regularicen sus derechos.

Según la ONG Plan Internacional, en Paraguay son 400.000 los niños que viven en extrema pobreza y no tienen acceso a una alimentación básica.

La cifra se inscribe dentro de las 710.173 personas que se encuentran en situación de extrema pobreza, según los últimos datos del Gobierno, un 10,5 % de una población total de unos 6,7 millones de paraguayos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.