El procesado recusó a la agente fiscal Alicia Sapriza, así como también a todos los demás fiscales de la Unidad Especializada de Crimen Organizado.

Igualmente, con el objetivo de dilatar aún más el caso, los abogados defensores recusaron a todos los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, a nivel país, sin que los representantes del Ministerio Público de esa Unidad, hayan siquiera tomado intervención.

Si bien las causas penales no quedan paralizadas porque son asignados fiscales interinos, las recusaciones retardan el curso normal que debiera tener, por el tiempo que lleva que cada fiscal asuma, se interiorice en la investigación y posteriormente pueda asumir una postura o criterio.

En esta causa particular, De Souza fue procesado por la agente fiscal Alicia Sapriza, por la presunta comisión del hecho punible de Tráfico de Armas, en una causa investigada anteriormente por Sapriza.

IMPUTADO EN EL CASO VILLAMAYOR

Asimismo, en otro caso reciente, Rafael De Souza fue procesado el 20 de mayo de este año, por la presunta comisión de los hechos punibles de Asociación Criminal, Tráfico de Armas y Liberación de Presos en carácter de cómplice.

El sujeto habría proveído armas de fuego a varias organizaciones criminales, y asimismo facilitado armamentos para la materialización de un supuesto plan de fuga de la Penitenciaría de Encarnación de varios reclusos, además del plan de asesinato del exdiputado, Luis Villamayor.

Según las pesquisas de Souza se habría encargado de conseguir las armas que iban a utilizar las personas que iban a ingresar desde el Brasil para liberar a dos internos del Penal, y este mismo grupo – acorde su plan – es el que iba a realizar sicariato contra el exparlamentario.

LEY ANTICHICANAS

El fiscal Hugo Volpe, uno de los recusados por De Souza, manifestó a la 970 AM, que la investigación en contra del procesado seguirá avanzando con las pericias técnicas. Aseguró que los elementos con los que cuenta el Ministerio Público, son bastantes sólidos.

Con respecto a la recusación contra los 34 agentes fiscales, Volpe dijo que simplemente “es una chicana” por parte del procesado.

En ese sentido, comentó que hace unos días fue presentado al Congreso Nacional un proyecto de Ley para regular y tratar de impedir este tipo de acciones. “Con qué objeto recusan a un fiscal que ni siquiera tiene conocimiento de la causa. No tiene sentido”, analizó.

Sostuvo que el proyecto elaborado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, busca sancionar a los abogados que impulsan este tipo de acciones, lo cual ya generó un descontento generalizado en el gremio de letrados.

Por último, expresó que los mayores casos de recusaciones se dan en las causas relacionas al narcotráfico y corrupción.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.