El Sanatorio Sosa, ubicado sobre Santiago Leguizamón número 2214 y Villa Hayes, a metros de Zavala Cue, Fernando de la Mora, fue allanado esta mañana como parte de la investigación del caso de la adolescente de 17 años que trabaja como doméstica y cuya beba terminó en manos de la “amiga de la patrona”.

Violación a la regla de adopción, tráfico de menores y un “concurso de delitos” se investigan en esta clínica, a decir de la fiscal de la causa Ruth Benítez.

“No existe certificado de nacido vivo, este lugar no está habilitado por el Ministerio de Salud, se realizan intervenciones y existen medicamentos anestésicos que deberían mantenerse refrigerados pero están dentro de una valija, son innumerables irregularidades”, explicó la Benítez a Universo 970 AM.

En el sitio detuvieron al hijo de la dueña del sanatorio, quien según la fiscal en todo momento intentó obstruir el procedimiento. Su nombre es Hugo Sosa y al principio presentó la cédula de identidad de su hermano, buscado por robo agravado.

El joven es requerido por tráfico de drogas, por lo que no se descarta que en esta clínica sea utilizada también para este delito. También quedó demorada la propietaria, Sofía Sosa, quien alega que en el lugar trabajan profesionales certificados.

En cuanto a la recién nacida hallada en un domicilio de Fernando de la Mora el miércoles, no se descarta que se haya encontrado en carácter de “tránsito”, pues en la casa no había cunas, ni ropas de bebé.

Hasta el momento están imputadas: Irma Correa Fernández, amiga de la patrona, por violación de las reglas de adopción y violación de la patria potestad en calidad de autora; Mercedes Concepción Ríos, la patrona, por violación de la patria potestad en calidad de autora, por ser quien llevó a la adolescente al sanatorio y quien cubrió los gastos para luego entregar la beba a Correa.

“Estamos ante un hecho punible de crimen, con expectativa mayor a seis años, un concurso de delitos, porque una misma conducta viola varias disposiciones penales: violación a la regla de adopción, tráfico de menores y violación a la patria potestad”, comentó la fiscal Benítez quien presume que también se practicaban abortos clandestinos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.