Darío Quesnel, expresidente del INDI, fue imputado por lesión de confianza y apropiación junto a otros exfuncionarios de la institución como Marlene Mendoza y Ever Otazo, además de Oscar Viera, de la fundación Reforest Par.

La audiencia preliminar, que debe determinar si los imputados van a juicio, ya fue suspendida en cuatro ocasiones bajo diferentes argumentos de los acusados.

La Fiscalía asegura que son responsables de la sustracción de 3.127 millones de guaraníes (unos 700.000 dólares) pertenecientes a las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Yakye Axa.

Según la Fiscalía, los cuatro imputados se apropiaron del dinero, que estaba depositado en dos cuentas del Banco Nacional de Fomento, a principios del año pasado.

El actual presidente del INDI, Jorge Servín, descubrió la ausencia del monto al revisar los saldos financieros de la entidad y denunció el caso en septiembre de 2013.

El Estado paraguayo había destinado los casi 700.000 dólares a cumplir con las dos sentencias a favor de las comunidades Yakye Axa y Sawhoymaxa, del pueblo Énxet, en las que la CorteIDH consideró probada la violación de sus derechos humanos.

Ambas comunidades fueron despojadas de sus tierras ancestrales, que ahora están en manos de ganaderos, y desde hace más de 20 años viven al costado de carreteras en el Chaco paraguayo.

La CorteIDH obligó al Estado a restituir las tierras de las dos comunidades en 2005 y 2006, en el plazo de tres años.

En 2012, el Estado adquirió terrenos para los miembros de Yakye Axa, pero estos no han podido trasladarse a ese territorio por la falta de un camino para llegar hasta él, según la ONG Tierra Viva.

Los Sawhoyamaxa lograron que el Legislativo y el Gobierno aprobaran la expropiación de tierras a su favor pero aún siguen a la espera del cumplimiento total de la sentencia, según la ONG.

Tierra Viva destacó en un comunicado que Quesnel también está acusado de vender 25.000 hectáreas de las tierras de los ayoreo, otro pueblo indígena.

“La gravedad de los hechos por los que están acusados, no sólo reside en la corrupción de una institución pública sino además en la frustración de los derechos humanos de las comunidades indígenas donde el Estado ha violado su rol tutelar y su obligación de dar cumplimiento a las sentencias vinculantes de la CorteIDH”, añadió.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.