En el informe presentado por Mario Abdo al Congreso se menciona que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) es la entidad técnica e instancia rectora en el ámbito de las tecnologías de la Información y comunicación en el sector público, y de la comunicación del Poder Ejecutivo.

Es así que destacó que en el último periodo impulsaron mediante el MITIC a todos los organismos y entidades del estado a digitalizar sus trámites más demandados por la ciudadanía, y prometió que este proyecto llegará al 100% de los municipios de todo el país.

Otro punto valorado fue que más de 80 mil ciudadanos accedieron al servicio de Internet Gratuito en Espacios Públicos (IGEP). Los mismos se encuentran distribuidos en 109 espacios públicos como plazas y parques, hospitales y centros de salud, dentro del territorio nacional.

Siguiendo con la conectividad digital, informó que se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la República del Paraguay y la República de Chile sobre Cooperación en el Área de Telecomunicaciones y Economía para promover la economía digital de ambos países, con el objetivo de fortalecer la conectividad y facilitar los flujos comerciales.

En materia de telecomunicaciones, se llevaron a cabo reuniones del Grupo Técnico Mixto de conectividad, establecidos con los países de la región, con miras a avanzar en las negociaciones que permitan a la República del Paraguay concretar una conexión directa a la red de cables submarinos de fibra óptica, de manera independiente, a fin de contar con internet de mayor calidad, rapidez, a bajo costo y con alcance a todas las zonas geográficas de nuestro país.

LO QUE MARITO NO DIJO

Dejó de lado la Red Nacional de Fibra Óptica, un legado que prometió el presidente Mario Abdo Benítez como término de su mandato. El proyecto demandó una inversión de 12 millones de dólares y pretende interconectar todas las oficinas gubernamentales a nivel nacional, incluyendo además el 80% de las instituciones educativas, más de 1500 establecimientos de salud, más de 900 comisarías, 500 espacios públicos en todo el país con internet gratuito de alta velocidad, y otros servicios públicos con el objetivo de recortar la brecha digital.

Para ello se abonó el 100% del dinero a la empresa adjudicada Celexx SA, y solo resta cumplirse el periodo de garantía de los equipos, según el contrato.

Por otro lado, en el marco de la Agenda Digital se planificó un Centro de Datos que aloje infraestructura tecnológica virtual de todos los Organismos y Entidades del Estado, para que con este Datacenter se permita la facilidad en la implementación de nuevos servicios tecnológicos y se brinde la seguridad a la información almacenada en la NUBE-PY.

Por valor de casi 44 mil millones de guaraníes, MITIC adjudicó a la empresa Softshop SA la licitación para la adquisición y montaje del equipamiento para este proyecto.

Sin embargo, con todo lo que viene invirtiendo el Gobierno en esta infraestructura, los entes públicos prefieren no utilizarlo. Tal es el caso del Instituto Nacional de Estadística (INE), el cual firmó un convenio con Amazon, específicamente con su rama proveedora de servicios en la nube, Amazon Web Services, para contar con un alojamiento de primer nivel para sus datos del Censo Nacional de Población y Viviendas.

PLANES QUE QUEDARÍAN EN EL OPAREI

El MITIC proyecta la construcción de un distrito digital, que consistirá en un espacio que va a permitir el fortalecimiento del ecosistema de innovación regional y de los vínculos entre la academia, la industria y el gobierno. Además prevé la construcción de un data center del Estado en Chaco’i por alrededor de 10 millones de dólares. Quedará esperar que estos proyectos se hagan realidad y lleguen a cumplir con lo prometido: la transformación digital en Paraguay.

En la nota, Domínguez sostuvo que el procesamiento contra directivos bancarios no puede presentarse como un “ataque a la libertad de prensa” y advirtió sobre el riesgo de utilizar ese argumento como una forma de “blindaje” frente a investigaciones judiciales.

El titular de la Conmebol recordó que asumió la conducción del organismo en 2016, tras el escándalo del FIFAGate, y afirmó que desde entonces impulsó una política de recuperación de fondos desviados por corrupción. Según indicó, logró recuperar más de USD 128 millones colaborando con las justicias de Estados Unidos, Suiza y Paraguay.

Domínguez remarcó que el caso judicial abierto contra Atlas se relaciona con supuestos hechos de lavado de dinero y no con publicaciones periodísticas. “¿Ser propietario de un diario exime de cualquier responsabilidad penal?”, cuestionó.

También planteó que el hecho de que el presidente de un banco sea esposo de la directora de un medio no convierte automáticamente una acusación penal en un caso de persecución contra la prensa. “Los procesados son ejecutivos bancarios, no periodistas”, dejó en claro.

El dirigente sostuvo además que el diario evita discutir el fondo de la acusación fiscal y opta por instalar un relato de persecución mediática. Según señaló, la Fiscalía cuenta con contundentes pruebas relacionadas con millonarios fideicomisos conformados a nombre de Nicolás Leoz, cuando este ya enfrentaba un pedido de extradición por corrupción desde Estados Unidos.

En otro tramo de la carta, Domínguez defendió su trayectoria vinculada al periodismo y aseguró que conoce de cerca la importancia de la libertad de expresión. Recordó que dirigió durante años medios como La Nación, Crónica, Radio 970 AM y Montecarlo FM, además de haber participado en organismos relacionados con la libertad de prensa dentro de la propia SIP.

Incluso afirmó que elaboró informes sobre la situación de la libertad de expresión en Paraguay y que su familia sufrió persecuciones durante etapas anteriores del país.

“La libertad de prensa y de expresión es un valor fundamental y por eso mismo es indispensable no banalizarla ni permitir que sea manipulada para truncar o torcer la labor de la Justicia”, señaló.

LA DISPUTA CON EL GRUPO ZUCCOLILLO

La respuesta de Domínguez surge luego de que ABC Color remitiera una nota a la SIP denunciando una supuesta estrategia de hostigamiento contra el grupo empresarial Zuccolillo.

Ante una carta enviada por Natalia Zuccolillo, la SIP había expresado preocupación por el caso, en respuesta. Su presidente, Pierre Manigault, advirtió que, de comprobarse irregularidades, podría tratarse de una “grave utilización de la justicia como mecanismo de presión” contra un medio de comunicación.

ACUSACIÓN FISCAL

A inicios del mes, la Fiscalía formuló acusación contra los directivos del banco Atlas por lavado de dinero y solicitó elevar el caso a juicio oral y público.

Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y Eduardo Queiroz fueron acusados como coautores del hecho punible de lavado de dinero.

Por su parte, José Miguel Páez Corvalán fue acusado como cómplice de lavado de dinero, María Clemencia Pérez de Leoz como autora del hecho punible de lavado y Nora Celia Leoz y María Celeste Leoz de Ribeiro como coautoras,

El 11 de febrero de 2016 fueron suscriptos en Asunción los contratos de fideicomiso de administración de valores por el fideicomitente Nicolás Leoz Almirón, el fiduciario Banco Atlas S.A.

El monto total de esos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y a USD. 2.160.791, conformados con certificados de depósitos de ahorro, constituidos en el Banco Atlas S.A., cuyos fondos provenían de actividades ilícitas realizadas por Nicolás Leoz Almirón, cuando se desempeñaba como presidente de la Conmebol.

De las cuentas de la Conmebol antes mencionadas, también fueron realizadas extracciones de fondos, en efectivo e injustificadas, que luego se depositaron en las cuentas de Nicolás Leoz, en el Banco Do Brasil. Así, sobre la base de estas operaciones, se pudo establecer que Nicolás Leoz ocasionó un perjuicio al patrimonio de la Conmebol cuantificado en el monto de USD 44.953.601, puesto que no existió una contraprestación por un valor equivalente o la cancelación de alguna obligación de la Conmebol, por ese monto.

Según la acusación fiscal, Atlas debió obtener información adicional sobre el cliente Nicolás Leoz (ocupación, volumen patrimonial, información disponible a través de bases de datos públicas, internet, otros; el carácter de la relación comercial y las razones de las transacciones intentadas o efectuadas). Además, se debía realizar una verificación in situ, para corroborar la existencia y la actividad del cliente, y así constatar la veracidad de las informaciones suministradas por éste. Si la entidad no realizaba la verificación, debía justificar por escrito en el legajo del cliente, los motivos fundados de tal decisión.

Los directivos de Atlas estaban obligados a efectuar el monitoreo constantemente del desarrollo de la relación comercial. Sin embargo, no aplicaron la debida diligencia ampliada en el año 2013 y en el 2016, al cliente Nicolás Leoz Almirón, pese a la existencia de prensa negativa y de un pedido de extradición en su contra, y los procedimientos llevados adelante en el marco de dicho proceso. Incluso en el año 2016, el propio Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo del Banco Atlas S.A. establecía que ante el lanzamiento de cualquier nuevo producto y/o la modificación de sus características se debía realizar una evaluación de riesgo de LD/FT/FP.

Así, los directivos del Banco Atlas S.A., Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y Eduardo Queiroz García recibieron activos provenientes de la actividad ilícita desarrollada por Nicolás Leoz, y aprobaron el 04 de febrero de 2016, en la ciudad de Asunción, la celebración de los contratos de Fideicomiso.

Desde las 7:00 de la mañana comenzará la feria denominada “Carnicería che sýpe guarã” en la Costanera de Asunción. El Ministerio de Agricultura y Ganadería dio a conocer los precios por kilo:

Peceto: G. 42.000.

Costilla tira fina: G.. 36.000

Costilla de novillo: G. 29.500

Carne chica: G. 25.000

Puchero: G. 14.000

Bola de lomo: G. 49.500

Carnaza blanca:G. 49.000

Carnaza negra: G. 51.500

Sambari: G. 42.000

Tapa cuadril: G. 69.000

Bife ancho: G. 54.000

Paleta: G. 47.000

Aguja/para’i: G. 43.000

Carnaza de segunda: G. 136.000

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Menudencias

Higado: G. 14.500 .

Riñón: G. 13.500.

Corazón: G. 13.500

Lengua: G. 20.000 .

Mondongo entero: G. 16.000

También ofrecerán productos de la agricultura familiar como frutas, verduras, hortalizas, queso, cerdo y otros, además de la tradicional cantina con empanada, chipa asador, mbeju, entre otras opciones.

La semana pasada, la recaudación en agricultura tras agotar stock fue de G. 163 millones en beneficio de 1.220 familias rurales, distribuidas en 28 organizaciones, provenientes de San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Caazapá, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú y Misiones, entre otros.Los ingresos en carnicería llegaron a G.180 millones.

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A través de las cámaras de seguridad del estadio General Pablo Rojas, el Departamento de Eventos Deportivos de la Policía visualizó en las graderías destinadas al público visitante a un hincha aurinegro que mostraba una camiseta azulgrana.

El joven de 22 años, identificado como Juan Moisés Franco, se resistió a entregar la remera y forcejeó con los efectivos policiales, quienes dijeron que los hinchas escondieron la camiseta. En conversación con los medios, el comisario Pablo Insfrán calificó la acción como una provocación al público local.

Al término del encuentro, finalmente lo detuvieron por perturbación de la paz pública y lo trasladaron a una comisaría para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

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Por otro lado, durante los operativos preventivos, la Policía detuvo a cinco cuidacoches, de los cuales, uno contaba con antecedentes por hurto agravado y tentativa de hurto agravado.

Además, un hincha no pudo ingresar al estadio por dar positivo al alcotest. Lo derivaron a la sede policial hasta la conclusión del encuentro deportivo y luego lo liberaron.

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