César Ruiz Díaz, titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), dijo que los estudiantes pagan medio pasaje (G.1.150) y que la ley indica que esto se dará siempre y cuando cuenten con el carnet que acredite que son alumnos para acceder al beneficio. No obstante, lamentó que los 70 mil beneficiados, solamente cinco mil poseen la credencial.

“Nosotros de todas maneras alzamos a los estudiantes sin carnet y le cobramos el medio pasaje. Acá hay una falencia que se tiene que corregir. Hay que buscar un equilibrio”, contó Ruiz Díaz a la 650 AM.

Aclaró que los alumnos que no cuentan con el carnet deben poseer sí o sí el bono estudiantil. En ese sentido recordó además que el año pasado encontraron que dicha tarjeta se comercializaba en quioscos. “Identificamos a los colegios y a quiénes correspondía esos bonos. Llegamos a denunciar al MEC (…) Bonos hay en cantidad, lo que falta es el carnet”, dijo al momento de indicar que se trata en su mayoría de instituciones educativas privadas las que realizan la venta.

El transportista dijo que el motivo de esta problemática se debe en ocasiones a la desidia del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), de los estudiantes que no presentan los documentos y de los directores que no completan las planillas para acceder al carnet. “Siempre hay culpables, pero resulta ser que al final de la historia el único irresponsable es el sector empresarial porque no transporta gratuitamente”, lamentó.

Reconoció además que los choferes muchas veces no paran para alzar a los estudiantes; aunque aclaró que eso tampoco quiere decir que por analogía se deduzca “todos los conductores, al ver a un estudiantes, ya no los alzan. No es que todos los estudiantes andan a pie”. “Hay irresponsables que cometen esas tropelías a los estudiantes y si detectamos eso, los echamos. Por ese lado hacemos un mea culpa”, aseveró.

Dijo que reconocen las falencias del sector, y que están tratando de subsanar el inconveniente. “Pero también exigimos al Estado que cumpla con la ley y sepa munir a los estudiantes con los carnets y bonos”, pidió.

Por último indicó que están cumpliendo con la obligación de renovar completamente la flota, pero que aparecerá el problema de la desaparición del transporte convencional con costo inferior, por lo que en ocho años todos los buses cobrarán el pasaje diferenciado. “A diciembre del 2015, el 20 % de la flota cobrará G. 3.400 y a diciembre del 2016, el 30 %, y así gradualmente será el incremento del 10 %”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.