Mauricio Vasconsellos, representante del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) y directivo de la línea 65, confirmó que hay menor cantidad de buses en la vía pública, porque muchas empresas no pueden reparar los buses. “Hoy no hay reguladas, hay un problema de trasfondo de la tarifa y los buses están en el taller. La mayoría está en esa situación y muchas recurren a soluciones parches. Ninguna empresa puede solucionar el problema mecánico”, dijo pero no supo precisar cuántos buses están en el taller.

El vocero del sector indicó que los 9 millones de dólares representa mucho dinero pero que es poco al hacer un porcentaje de lo que representa del costo del pasaje. Y recalcó que el subsidio es para los pasajeros, pero no para los empresarios.

Por su parte, Ignacio Cárdenas, presidente de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana y Asunción (Ucetrama), alegó que si bien se siente lo mismo en las calles, hay una gran diferencia entre la regulada y lo que pasa actualmente. “Cuando hay regulada es cuando se sacan menos buses, ahora sí existe una caída del servicio por una situación económica. El usuario siente lo mismo, pero es algo totalmente diferente”, agregó.

A su vez, Alejandro Zuccolillo, directivo de la empresa Magno – Línea 12, dijo que es el momento de hacer una reforma del transporte público y por ejemplo, que el subsidio del Estado vaya al pasajero y ya no a las empresas transportistas. “Estamos atrapados en un paradigma, muchos creen que es un negocio empresarial o un negociado en contubernio con el Gobierno, mientras en el extranjero consideran que el transporte es un derecho universal”, indicó el Confederación de Transportistas del Paraguay (Cotrapar).

El empresario dijo que el año pasado tuvo una pérdida de 5.800 millones de guaraníes, y que “cerrar su boliche” conllevaría al despido de 400 personas y dejar de prestar un servicio público. “El modelo de transporte público es perverso porque si trabajás poco y sacás menos buses, ganás mucho (igual percibe el mismo monto de subsidio), pero si trabajás mucho, perdés. Hoy hacer una regulada es un buen negocio por el modelo perverso, porque beneficia el no servicio”, reconoció.

Coincidió Cárdenas, quien además resaltó que la importancia de seguir con el billetaje electrónico. “El Gobierno debe declarar una emergencia del sistema del transporte público porque nuestra rentabilidad está baja”, dijo. “Hay que dejar de lado el populismo”, agregó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.