En entrevista con la radio 650 AM, el ex jefe comunal mencionó que la acusación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) forma parte de la estrategia procesal de “desvío de la atención” que realiza la Procuraduría General de la República (PGR). Según el MOPC, Mario Ferreiro es el responsable de que no continúen los trabajos del metrobús por no haber liberado la franja de dominio. Esta postura se da en el marco de la demanda entablada por la empresa portuguesa Mota-Engil, que exige una indemnización de US$ 25 millones.

El exintendente indicó al respecto que con sus abogados está “atendiendo varios frentes” y que en este caso está confiado en que no tiene grado de culpabilidad. “Yo decía que falta poco para que digan que Lee Harvey Oswald no actuó solo, parece que Mario Ferreiro tuvo que ver con la muerte de John F. Kennedy en 1963”, ironizó. “Estoy absolutamente tranquilo en este caso, más que en los otros, porque es insólito traspasar (la responsabilidad) a la Municipalidad de Asunción una obra nacional e intermunicipal que pasa por varios municipios”, alegó.

Ferreiro reconoció que su administración frenó el avance de las obras porque no se cumplían los requisitos para que ingresen a la ciudad de Asunción. Sostuvo que los propios frentistas agradecieron su actuación “estricta y rígida” en el cumplimiento de las ordenanzas municipales. “No es así nomás que se hace una obra, nosotros protegimos a la ciudad”, alegó.

Así también argumentó que hubiese sido una hecatombe haber permitido el ingreso de las obras en la capital del país. “Una obra abandonada en Calle Última, zona Mercado 4 o en el microcentro hubiese sido lapidario. Por suerte mis técnicos pusieron las condiciones para que avance y hubo un tramo aprobado, pero no sé por qué no se hicieron los trabajos ahí”, remarcó.

Consultado sobre si llegó a recibir exhortos del MOPC para proceder a la liberación de la franja de dominio, dijo que “normalmente las obras del gobierno entran a un trabajo técnico meticuloso que lleva mucho años, (…) y en todos los casos se trabajó con la idea de hacer, pero no hacer de cualquier forma”. La liberación de la franja debe hacerse mediante un sistema de compensaciones millonarias, las cuales no figuraban en el proyecto del Gobierno Nacional, de acuerdo con la exautoridad.

Por último aseguró que siempre apostó por encontrar soluciones a la problemática. En ese sentido reveló que dos días antes de su renuncia, mantuvo una reunión con el ministro de Obras Arnoldo Wiens para reactivar el proyecto denominado Sitibús, que es una simplificación del Metrobús, que no toca la franja privada y tampoco obliga a cerrar toda la calzada para las obras.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.