Ricardo Vaezquen, director de Recursos Humanos de la Cámara Diputados, sostuvo que piden a los directores de las demás áreas que denuncien los casos de planilleros. “Nosotros contamos con más de 1.600 funcionarios. Necesitamos la ayuda porque no vamos a ser niñeros, en RRHH estamos 10 personas y no podemos controlar a esa cantidad de gente”, explicó.

Aclaró a la 650 AM que el control no viene luego del caso de Karina Rodríguez. No obstante, en la Cámara se divulgó una misiva, de fecha 19 de enero, que insta a los directores generales a ejercer control sobre el personal y denunciar cualquier irregularidad a Recursos Humanos.

“Implementamos todo el tema de relojes biométricos desde el año pasado, y actualizamos el software. Estamos trabajando a full, pero queremos comprometer a todos en este trabajo. Con este sistema es difícil que otro marque por uno. Una vez leí: ‘Los muchachos van a tener que cortarse el dedo para planillear”, señaló.

Al ser consultado sobre si todos los funcionarios, incluso los comisionados, deben marcar, Vaezquen respondió que también lo harán por la resolución que emitió la Función Pública.

En ese sentido recordó que anteriormente si uno tenía el rubro de asesor, no debía marcar, como el caso de Lino Valencia (asesor viajero de Karina), pero aclaró que en su caso específico, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (de donde fue comisionado) pidió la asistencia del hombre.

Según la investigación fiscal, Valencia percibió su salario estando fuera del país. El perjuicio ocasionado rondaría los G. 14 millones pero podría ser mayor, sostiene el Ministerio Público.

Karina Andrea Rodríguez Carámbula fue imputada por la supuesta comisión del hecho punible de expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso así como por cobro indebido de honorarios en calidad de cómplice. Asimismo, se procesó a Lino Xavier Valencia Montes por el ilícito de cobro indebido de honorarios.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.