Wilson Cardozo, periodista de la 970 AM, informó que los estudiantes que se encontraban atrincherados dentro de la institución decidieron anunciar el levantamiento de la toma entre la noche y madrugada de este martes.

La decisión se dio luego de que representantes del Ministerio Público se hayan constituido hasta el lugar a fin de realizar un recorrido por las instalaciones y verificar si existieron daños en el edificio o el mobiliario de la institución durante este período de la toma. El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal Eugenio Ocampos.

“Hemos recibido expresas instrucciones tanto de los denunciantes como de las distintas partes con respecto a un acuerdo conciliatorio al que han llegado. Realizamos la constitución de rigor con autoridades de la UNA y efectivos de la Policía Nacional. Realizamos una inspección física del lugar, se tomaron muestras fotográficas y filmaciones y se labró acta de todo lo realizado”, manifestó el agente fiscal.

De momento, no confirmó si es que se realizarán imputaciones por esta causa, aunque indicó que ahora la Fiscalía se encuentra en la etapa de recepción de declaraciones indagatorias de los 18 estudiantes individualizados.

Guillermo Barreto, estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas, en entrevista con la 970 AM confirmó que ayer se realizó una reunión entre las partes, a propuesta del Consejo Superior Universitario de la UNA, para llegar a un acuerdo y así poder levantar la medida de fuerza. La mesa de trabajo que fue conformada tendrá a su cargo la tarea de recibir los informes y elevarlos posteriormente al consejo.

Entre algunos de los pedidos realizados por los alumnos se encuentran la desanexión de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la UNA, hoy día dependiente de la Facultad de Derecho de la UNA, así como la apertura de nuevas carreras y, en un futuro, la creación de una Facultad de Ciencias Sociales.

En un principio, la medida de fuerza había sido llevada a cabo debido a supuestas irregularidades en el proceso de elección del centro de estudiantes, con más de 50 alumnos habrían sido excluidos del padrón.

A partir de ahora se deberán normalizar las clases en dicha casa de estudios, según informaron los estudiantes que levantaron la toma.

Así se encuentra la Escuela de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas de la facultad de Derecho UNA.
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— 970 AM (@Radio970AM) 24 de octubre de 2017

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.