En sesión extraordinaria, la Cámara Alta trató este miércoles el Proyecto de Ley “Que declara Estado de Emergencia en todo el territorio del Paraguay ante la pandemia declarada por la OMS a causa del COVID-19 y se establece las medidas administrativas, fiscales y financieras”.

Durante más de 10 horas, los senadores analizaron cada uno de los puntos incluidos dentro del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de hacer frente al impacto económico del coronavirus.

En primera instancia, la propuesta fue aprobada en general con modificaciones. Posteriormente, se hizo un análisis de cada uno de los artículos que forman parte del texto.

La propuesta sufrió algunas modificaciones importantes en relación a su versión original, presentada ayer por representantes del gobierno.

Uno de los puntos más resaltantes tiene que ver con la exoneración en el pago de los servicios básicos. En el caso de la ANDE, se aprobó exonerar el cobro de la factura durante los meses de marzo, abril y mayo para aquellos clientes cuyo consumo sea menor a G. 250.000. Los que superen ese monto podrán trasladar el pago fraccionado en 18 meses.

En el mismo artículo 17, se decidió que, además de la Essap, también sean incluidas las aguaterías privadas y juntas de saneamiento de todo el país, teniendo en cuenta que varios de los afectados cuentan con la provisión de agua potable de estos proveedores.

En lo que se refiere a la gratificación especial para el personal de blanco durante la actual pandemia de coronavirus -establecido en el Art. 5-, se votó por aumentar a tres salarios mínimos el tope establecido.

Otro de los puntos en los que se incluyeron modificaciones fue el Art. 41 que habla sobre la intervención de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) para el control de los recursos a ser utilizados durante la vigencia de la Ley de Emergencia. En este apartado, se decidió agregar un apartado que establece la creación de una Comisión Bicameral de Investigación y Control, a ser conformada por seis senadores y seis diputados.

Para el caso del Art. 47 -que habla sobre la convergencia al límite del déficit fiscal del 1,5% y la prohibición de aumentos salariales al sector público-, a propuesta del senador Stephan Rasmussen (PQ) se decidió testar el artículo completo.

Posteriormente en el Art. 49, se aprobó testar la última parte que refiere: “…los organismos y entidades priorizarán especialmente las medidas de seguridad para la protección de datos de carácter sensible”, esto a fin de evitar la divulgación de resultados de análisis clínicos.

A propuesta del senador liberal Víctor Ríos, se aprobó extender hasta el 1 de julio del 2020 el plazo establecido para que los bancos de plaza se abstengan de comunicar a la Superintendencia de Bancos sanciones de inhabilitación de cuentas corrientes que derivaren de cheques rechazados por insuficiencia de fondos.

El proyecto de ley será remitido a la Cámara de Diputados para su respectivo tratamiento, a realizarse en la jornada de este miércoles.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.