En julio pasado, el titular de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, designó a la Licenciada Maryam Guadalupe Adorno Acuña como Coordinadora Administrativa dependiente de la Dirección de General de Comunicación y Cultura. De acuerdo a la planilla oficial cobra G 5.926.200, entre sueldo, gastos de representación y bonificación por responsabilidad en el cargo.

Poco después de su ascenso, la mujer solicitó permiso para ausentarse alegando problemas de salud de su hija de 1 año y medio que se fueron agravando, motivo por el cual debió viajar a la Argentina en reiteradas ocasiones, para un tratamiento neurológico, no disponible en el sistema de salud local.

A los permisos de salud para su hija se sumaron las vacaciones, de esta manera Adorno Acuña, estuvo aproximadamente ocho meses sin cumplir las funciones que le fueron asignadas como coordinadora, pero siguió cobrando su salario.

Finalmente la mujer retornó a sus funciones el día de ayer, y dijo contar con la documentación correspondiente para justificar su prolongada ausencia, como certificados médicos, constancias y otros. Sin embargo la Dirección de Recursos Humanos no cuenta con los mismos.

El director de Comunicaciones, Roberto Samaniego intentó poner paños fríos a los cuestionamientos por el extenso permiso concedido y por las fuertes sospechas de planillerismo en torno a este caso en particular.

“Entiendo la sensibilidad y la intolerancia de la sociedad hacia los planilleros, pero hay que diferenciar las cosas, si una madre necesita un permiso, no creo que nadie se enoje, son cuestiones políticas que se asumen”, justificó.

Samaniego reiteró que en Comunicaciones no hay planilleros, puesto a que se trata de una dirección eminentemente técnica, donde cada uno tiene funciones especificas, dijo que la funcionaria tiene título de Administradora y que tenía la mejor intención de cumplir con el cargo, pero los problemas de salud de su hija, le obligaron a ausentarse.

La propia funcionaria también se refirió a las críticas y reconoció que su niña comenzó a tener dificultades previo a su asunción al cargo, y cuando la situación se tornó más compleja, tomó la determinación de solicitar los permisos, conforme al reglamento vigente.

Titular de la SFP recomienda fiscalizar permisos

Tanto en general como en particular, la dirección de recursos humanos de cada entidad del Estado, tiene la obligación de controlar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones laborales de cada funcionario, como también de los permisos otorgados, recalcó la titular de la Secretaria de la Función Pública, Cristina Bogado, en contacto con la 970 AM.

Con respecto a los pedidos de permiso, esta instancia debe procesar internamente los mismos y en caso de violaciones, instruir el sumario correspondiente e implementar las sanciones disciplinarias correspondientes.

Aclaró que lo más prudente es ajustarse al reglamento interno de la Cámara de Diputados, y determinar si se cumplió o no con el procedimiento para los permisos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.