Según informa la Entidad Binacional Itaipú, la contratación de la potencia por cuatro años brinda mayor previsibilidad a la planificación de las dos entidades compradoras y asegura a la Entidad Binacional los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y, en consecuencia, para garantizar el suministro de energía eléctrica a ambos países.

Con la contratación de potencia hasta el 2022, Itaipú podrá seguir honrando sus compromisos con los Estados, como el pago de los royalties y los gastos de explotación en los cuales están incluidos los gastos de responsabilidad social.

Un dato importante es que el resultado de las tratativas permite afirmar que no habrá aumento de tarifa del servicio eléctrico para los usuarios de ambos países.

POTENCIA A CONTRATARSE

Acta secreta que puso en vilo al país

El 24 de mayo pasado, los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Bení­tez, y de Brasil, Jair Bolsonaro, a través de sus altos representantes, fir­maron el acta secreta de la Itaipú, que fue conocida recién dos meses después, tras la renuncia del ingeniero Pedro Ferreira a la presiden­cia de la Ande.

Según La Nación, el acuerdo implicaría un grave perjuicio a la empresa estatal, que llegaría a los 270 millones de dólares al cierre del 2022, teniendo en cuenta que para el año siguiente recién están previstas nuevas negociaciones entre los copropietarios de la hidroeléctrica.

El daño que se causaría al país es como consecuencia de la elimina­ción del uso de excedentes por parte de la Ande, que le permite man­tener el precio de sus tarifas. El intento fue ampliamente repudiado por todos los sectores del país y desde el sector político se propuso un juicio político al jefe de Estado, pero no prosperó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.