La Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) presentaron días atrás una serie de cuestionamientos por el mal manejo en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

Incluso la ARP optó por retirar su representación ante la Junta Asesora y de Control de Gestión del Indert, al no tener respuestas inmediatas cuando solicitó que sea desvinculado el director Luis Alberto Meza, a quién acusó de supuestamente apañar las invasiones en Paraguarí.

“La ARP considera que la falta de atención del hecho denunciado, en donde se involucra directamente a un alto funcionario del Indert, evidencia que la Presidencia del ente se encuentra apañando tales comportamientos, por acción u omisión”, esgrimió en una nota.

Así también, la UGP manifestó que estaba evaluando retirarse de la Junta Asesora, a causa de los malos manejos.

CAMBIO DEL DIRECTOR

Ante esta situación, el titular del Indert dispuso que el funcionario Carlos González asuma como director interino de la oficina regional en Paraguarí, en reemplazo del funcionario contratado Luis Alberto Meza Marecos.

“Tenemos una grabación en donde se escucha a este director de Paraguarí donde está azuzando a ingresar a una propiedad. Creo que fuimos un poquito negligentes al tomar decisiones un poco tarde y eso molestó a la ARP. Estábamos trabajando y queríamos tener más pruebas para que sea contundente la determinación. El funcionario ya fue apartado del cargo. Hago un mea culpa y pido disculpas por la decisión tardía”, mencionó Horacio Torres, a la radio 650 AM.

Por su parte, González señaló que “recibió las directivas del presidente Torres de promover la transparencia en la gestión y mejorar la atención a los beneficiarios”.

“La actual administración del INDERT ratifica su compromiso con la transparencia institucional. Igualmente, adopta las medidas administrativas de investigación de hechos denunciados, que involucran a funcionarios del INDERT, a fin de erradicar hechos de corrupción que se pudieran confirmar”, puntualizó la institución pública a través de un comunicado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.