El concejal municipal del distrito Tomás Romero Pereira, Nicolas Barrios, indicó en entrevista con radio Monumental que el cierre de la radio Crisol en María Auxiliadora de Itapúa es “un atentado contra la libre expresión”, ya que consideró que se trata de un caso con fuerte tinte político y no así jurídico.

El edil liberal argumentó que “Crisol es la voz del pueblo, de los independientes, ahí entran todos los sectores a hablar. Es triste y lamentable lo que se pretende hacer”. Añadió que los Afara ya poseen una radio a su cargo.

Crisol pertenece a Jorge José Casas, hermano del intendente Victor Casas, quien a su vez es el adversario directo del senador Juan Afara, de acuerdo con lo expresado por Barrios. “Casualmente” la radio es cerrada a pedido de la esposa de este político colorado.

“Acá hay cuestiones políticas detrás. (Los Afara) no quieren ver el desarrollo. Les molesta el trabajo y el desarrollo, quieren cerrar para seguir haciendo lo que quieren. Primero consiguieron que Casas sea echado del Partido Colorado y ahora esto. ¡Qué siga el baile!”, esgrimió.

Ante esta terrible situación que golpea a la prensa, el concejal indicó que la ciudadanía prevé este viernes una marcha pacífica frente a la residencia del senador Juan Afara, quien es el “principal atacante de esta radio”. “Todos están en contra del cierre”, remató.

LA ARTIMAÑA

Por su parte, Miguel Leiva, asesor jurídico de la Municipalidad de María Auxiliadora de Itapúa y del dueño de la radio, indicó que su cliente Casas ganó la licitación el 21 de junio del 2012 a la esposa de Afara, la concejal Luz Marilda Argüello Perdomo porque la misma era miembro de la Junta Municipal, hecho que la imposibilitaba a contar con esa emisora.

Meses luego, exactamente el 8 de abril del 2013, Conatel le autoriza a Casas a salir al aire, sin que la señora de Afara haya planteado alguna acción para impedir eso. “No hubo ninguna acción que le impida”, añadió.

Sin embargo, llamativamente luego se percataron que existía un proceso judicial, justamente cuando Juan Afara asume como vicepresidente hubo una denuncia presentada por Luz Marilda ante la Corte Suprema. “Nunca vimos nada de eso. Entre la señora del entonces vicepresidente y la Conatel llevaron una demanda, para que nosotros no nos defendamos. En este conflicto no tuvo participación Casas. Ahora, en un juicio donde no tuvo participación, le pretenden aplicar la parte negativa de la resolución”, criticó.

Leiva aseguró que el nuevo titular de Conatel, Manuel Gubetich -quien coincidentemente trabajó cuatro años con Afara en la Vicepresidencia- está mintiendo al decir que nunca se accionó, ya que su defendido planteó en marzo del 2018 una acción autónoma de nulidad alegando que una resolución entre dos terceros no lo puede perjudicar. “Nos quieren aplicar una resolución de un juicio donde no nos invitaron a participar. No nos dieron el derecho a la defensa. Conatel nos debería indemnizar grande porque nos cobró siempre y no nos avisó que había un juicio”, dijo.

A esto se suma que los empleados plantearon ya un amparo porque perderán su trabajo. Hoy, por precaución, los encargados de la radio decidieron llamar a silencio la emisora, situación que generó el repudio de la ciudadanía que no desea el cierre de la FM.

“Acá el caso es que no es que van a licitar nuevamente la emisora, sino que van a subastar la radio entre Casas y Afara. El que tiene más plata se va a llevar la radio. Se imaginan quién es la persona que tiene más plata. Estamos perdidos”.

Mencionó que la anterior titular de Conatel, Teresita Palacios, dejó de aplicar la resolución judicial porque la Corte “nunca dijo que se cierre la radio” y porque tampoco se expidió sobre la acción realizada por Casas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.