En el año 2022, hasta 46 mujeres paraguayas fueron liberadas de redes de trata y explotación sexual y hubo 18 detenidos de nacionalidad paraguaya por participar en dichas redes. La desarticulación de estas redes ha sido posible gracias a la estrecha cooperación entre la fiscalía de nuestro país y española, así como con la policía nacional y la guardia civil españolas, que ha permitido desarticular algunas de estas redes en operativos simultáneos.

Paraguay es un país de origen, tránsito y destino de trata de personas y son notorios los esfuerzos de sus autoridades para abordar esta problemática. En el año 2008 se crea la Unidad Especializada en la lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el Ministerio Público, y el país cuenta con una ley especial, la Ley 4788/12 Integral de Trata de Personas.

La Cooperación Española apoya a la Unidad de Trata del Ministerio Público desde su creación, mediante la capacitación de los agentes fiscales para la aplicación efectiva de técnicas de investigativas especializadas para abordar la trata tanto laboral como sexual, así como establecer la cooperación permanente entre las fuerzas y cuerpos de seguridad de ambos países. El monto total aportado por la Cooperación Española al fortalecimiento de la Unidad de trata es de un millón de euros. La agencia que apoya la ejecución de este proyecto en los últimos tres años es el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA). 

Aún con importantes avances legales e institucionales, este flagelo continúa muy presente en Paraguay. Además de España como país de destino de las víctimas, la triple frontera con Argentina y Brasil es una zona muy vulnerable a la trata de personas.

Por otro lado, también existen índices muy elevados de trata interna de niños, niñas y adolescentes, especialmente relacionada con la explotación sexual y laboral.

En los últimos cuatro años el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) atendió 387 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata y explotación sexual. La Cooperación Española apoya al el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA), en su política de prevención y atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata. El MINNA trabaja en coordinación con las autoridades departamentales y municipales para instalar dispositivos de atención psicológica especializada para atender a las víctimas en los principales departamentos afectados: Caaguazú, Itapúa, Central, Alto Paraná, Boquerón y Alto Paraguay. En lo relativo a la prevención de la trata, se contemplan acciones de sensibilización con los centros educativos de los municipios de estos departamentos para sensibilizar, tanto a la población infantil y juvenil, como al personal educativo. El monto comprometido por AECID al MINNA es de 650.000 euros. 

En lo relacionado a la atención a mujeres víctimas en España, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP) de España, a lo largo de su historia ha dado apoyo al menos a 300 mujeres paraguayas que han sido víctimas de las redes de trata. Para fortalecer esta atención también en Paraguay, la Cooperación Española trabaja en un proyecto con la Fundación Princesa Diana de Francia, mediante el cual, se transferirá el conocimiento de APRAM en la atención a esta clase de víctimas, así como en formación laboral para su plena reintegración en la sociedad. Este proyecto alcanza una financiación de casi 700 mil euros.

En este contexto, durante la semana del 26 al 30 de junio visitará Asunción una comitiva de España con el objetivo de fortalecer los esfuerzos conjuntos entre ambos países contra este crimen, así como sensibilizar a la ciudadanía en general. La delegación está formada por:

• Rocío Mora. Directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP)

• Beatriz Sánchez Álvarez. Fiscal de Sala Coordinador de Trata de personas y Extranjería

• Miguel Iglesias. Inspector de la Policía Nacional; Enlace con la Fiscalía de Trata de personas y Extranjería e Interlocutor Social de TSH (con organizaciones especializadas en atención a víctimas).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.