El proyecto de ley que crea el Programa de Atención Integral a personas con fibrosis quística Ley Lorelí ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y una vez en vigencia permitirá incorporar al Sistema Nacional de Salud la cobertura de las prestaciones para el diagnóstico temprano y tratamiento a tiempo.

El diputado Raúl Latorre explicó que la fibrosis quística es una enfermedad que afecta tanto a jóvenes como a niños y debido a las limitaciones no se cuenta con los elementos para que estos lleguen a la edad adulta bajo tratamiento.

Con la ley se podrá implementar un programa de detección y tratamiento integral para los pacientes y para ello está prevista la creación por ley de un centro especializado y una ingeniería presupuestaria específica para que no sea letra muerta y accedan al diagnóstico y tratamiento requerido.

“Tenemos que dar una nueva mirada a las enfermedades catastróficas, las poco frecuentes”; afirmó el legislador.

En Paraguay existe un registro de aproximadamente 200 pacientes con el diagnóstico y en una amplia mayoría son niños. Los fondos para el programa serán fortalecidos con lo recaudado en cuanto a expendio de bebidas alcohólicas.

“No se aumentaron los impuestos sino que se están reasignando aquello que ya estaba, unos 39 mil millones de guaraníes que serán suficientes para dotar de recursos a los centros especializados y también para determinados medicamentos e insumos que contribuirán con el tratamiento así como una batería diagnóstica para mejorar la respuesta que damos a esta enfermedad”, indicó.

Marcelo Cabrera es un adolescente con diagnóstico de FQ desde los tres meses de nacido y hace 12 años se encuentra radicado en Argentina donde sigue tratamiento. Como paciente solicitó que los legisladores aprueben la ley para que todos los pacientes puedan quedarse en el país para tratarse.

“Vi sobre la ley Lorelí y quiero que se pueda firmar para que todos los paraguayos puedan tratarse en su tierra y no solo hablo sobre mí sino por todos los que pasan por esto”, puntualizó.

La Ley Lorelí fue impulsada por la asociación de padres de niños con este diagnóstico. Lorenzo Melgarejo, padre de la niña Loreli manifestó que aguardan la decisión de los senadores y manifestó que la aprobación de la normativa será de mucha ayuda para las familias por el alto costo que implica la compra de los medicamentos para el tratamiento, uno de ellos supera los G. 30 millones.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.