Este jueves, el Senado tratará el  proyecto de Ley “Que establece disposiciones especiales y de financiamiento para la ejecución e implementación del proyecto ´Tren de Cercanías en el tramo comprendido entre la ciudad de Asunción y la ciudad de Ypacarai”, a cargo del Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones (MOPC) y la empresa Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA); y se autoriza la suscripción del contrato de subconcesión respectivo”.

El Proyecto de Tránsito de Tren Ligero de Asunción contará con la participación de Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corp. (KIND) y Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa), operador ferroviario estatal de nuestro país.

Se estima que la construcción y puesta en servicio demandará una inversión aproximada de USD 500 millones, en un plazo de 5 años, contemplando siete estaciones y un depósito ferroviario a lo largo de la ruta de 43 Km desde Asunción a Ypacaraí. Esto podría darse en dos etapas, en la primera abarcando el trayecto Asunción- Luque, donde se estima unos USD 320 millones.

La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, que encabeza el senador Hugo Richer, recomendó aprobar la propuesta pero con modificaciones. En tanto que la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, presidida por el senador Pedro Santa Cruz, postergó el análisis del documento.

DE QUÉ SE TRATA LA LEY PROPUESTA

Lauro Ramírez, presidente de Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa), explicó a la radio Universo 970 / Nación Media que el propósito del proyecto es mejorar la calidad de vida con un transporte público digno, y de la propuesta de ley es justamente para dar un marco legal a esa iniciativa y de esta manera poder iniciar las gestiones con miras a concretar el ansiado Tren de Cercanías. “No se concreta ningún préstamo u obligación por parte del Estado. Lo que se quiere es mostrar a Corea que hay intención de llevar a cabo el proyecto”, agregó.

La normativa obliga al Estado a empezar los trámites, y luego se deberá proponer de vuelta al Congreso la aprobación de la ley para la aprobación del préstamo correspondiente, de acuerdo con el entrevistado.

Respecto a la subconcesión por 30 años a favor de la empresa coreana que se plantea en la normativa a analizarse en el Senado, Ramírez explicó que Fepasa tiene la concesión en toda la República del Paraguay y que puede subconcesionarla sin ninguna ley, pero que Corea pide una garantía que todo lo que se haga esté respaldado. “Es requerido un tipo de signo porque ellos van a hacer las gestiones para obtener el financiamiento”, acotó.

Consultado sobre por qué no se hace una licitación para explorar otras alternativas, respondió que cualquier empresa puede plantear la propuesta para este servicio y que Corea así lo hizo. Hubo anteriores planteamientos pero que no corrieron porque requerían mayor inversión, tiempo y profesionalismo. “Al no tener otra propuesta es lo que nos impulsa a hacer el proyecto con los coreanos. Es tremendamente importante y conveniente lo que propone Corea. Tienen una de las mayores tecnologías y un buen nivel de desarrollo ferroviario, además de una baja tasa. Ellos se mostraron interesados en ayudarnos”, refirió.

INDEMIZACIÓN POR FRANJA DE DOMINIO

Por otro lado, los ocupantes de la franja de dominio del ferrocarril cuestionan que hasta el momento no se haya previsto el pago de indemnizaciones para que liberen dichos espacios como parte del proyecto de Tren de Cercanías. Varios afirman contar con títulos de propiedad legítimos.

El abogado Guillermo Benítez, representante legal de varios ocupantes de la franja de dominio, manifestó que el gobierno no previó el pago de indemnizaciones para dicho sector como parte del proyecto de Tren de Cercanías.

Asimismo, cuestionó el hecho de que no se haya hecho un censo de las personas que ocupan actualmente este espacio que correspondía antiguamente a las vías del ferrocarril. En este grupo se encuentran tanto ocupantes precarios como arrendatarios de predios municipales y también los propietarios con títulos de propiedad legítimos.

Según estimó, existen más de 2.000 familias que actualmente se ven afectadas por este proyecto y que podrían llegar a quedar sin sus hogares si no se llega a encontrar una solución.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.