La Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República expuso las irregularidades en los pagos de las obras del nuevo tren de molienda de caña de azúcar, que se encuentra en proceso de construcción en la Planta Alcoholera de Mauricio José Troche.

De acuerdo con el lapidario informe, Petropar realizó pagos por un total de ₲ 41.815.394.208 durante el ejercicio fiscal 2022, por la obra “Instalación de nueva línea de molienda de caña de azúcar en planta Mauricio José Troche”, de los cuales algunos ítems, por total ₲ 30.949.416.848 se encontraron inconclusos y otros sin evidenciarse procesos ni instalación.

Hay que recordar que esta obra fue adjudicada en diciembre del 2021, durante la administración de Denis Lichi, a la empresa Estructura Ingeniería EISA, del empresario Alberto Palumbo, por valor de G. 195.299 millones, unos US$ 28,7 millones. La adjudicación fue muy cuestionada porque su costo fue 6 veces más caro que infraestructuras del mismo tipo erigidas en el mercado brasileño, donde se conseguía a solo USD 10 millones.

De acuerdo con la Contraloría, durante el 2022, la firma adjudicada recibió dos pagos, que totalizaron G 41.875 millones. El primer desembolso se registró en febrero y fue de 39 mil millones, y el segundo se concretó en junio y fue de 2.755 millones.

Un equipo auditor fue a verificar in situ la situación de la planta industrial en el departamento de Guairá, y allí constató que no se cumplieron con varios de los ítems previstos en el contrato pese a los millones que fueron pagados.

A lo anterior se suma que Petropar realizó pagos de anticipos por G. 39.059 millones, y estos “fondos fueron redirigidos en algunos puntos por la firma Estructura Ingeniería S.A, para cubrir gastos de provisión de equipos”.

Según la Contraloría, el anticipo pagado debía destinarse a “costos de inversión, calculado con base a la programación y el plazo de ejecución de la obra; sin embargo el monto señalado fue redirigido en algunos puntos, por la firma para cubrir gastos de provisión de equipos”.

Esta medida violó el pliego de la licitación, ya que el anticipo recibido solo debía destinarse a fines relacionados con el objeto del contrato.

La firma EISA no pudo cumplir con los compromisos pese al anticipo de USD 6 millones, y según resalta la Contraloría, en enero del 2023 subcontrató a la empresa Ocho A SA, del empresario Luis Alberto Pettengill, para que esta se encargue de ejecutar la construcción del nuevo tren de molienda de Petropar.

Fue así que se dispuso en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas una especie de cesión de derechos para sacar a EISA del camino y dejar en manos de la empresa del amigo del expresidente Mario Abdo Benítez.

Ante el lapidario informe del órgano contralor, el nuevo titular de Petropar, Eddie Jara, dispuso la realización de un profundo análisis del contrato firmado entre su antecesor y la empresa Estructura Ingeniería S.A. (EISA), para dimensionar las resoluciones adoptadas en la administración anterior, sus fundamentos administrativos y el grado de sujeción al contrato de las determinaciones adoptadas en ese contexto.

El actual presidente de la petrolera indicó que la institución abrirá las puertas para brindar todas las documentaciones al alcance, sin obstrucción alguna a las investigaciones externas a la institución, que pudieran darse por parte de los organismos legales en torno al nuevo tren de molienda.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.