Ya en diciembre pasado, Alicio Javier Ozuna agredió con golpes de puño y un machetillo a su pareja que se encontraba trabajando en una bodega y finalmente, este lunes la mujer decidió denunciarlo presentando imágenes de circuito cerrado donde se observa el momento en que el hombre intenta clavarla y la golpea. Ozuna fue detenidos dos días atrás.

El pasado lunes no fue intento sino que se consumó el feminicidio de una joven de 21 años, recibió un disparo por arma de fuego por parte de su pareja Juan David Morán de 29 años, ocurrió en el barrio La Amistad de J. Augusto Saldívar. Luego de matar a la joven, el feminicida su pegó un tiro y murió.

Dos días después, un nuevo intento de feminicidio se hizo público cuando Leandro Do Carmo Paes de 31 años ingresó a la casa de su expareja en la ciudad de San Antonio y le disparó en la cara con un arma de fuego calibre 38 y actualmente la víctima se encuentra internada en el Hospital de Trauma con un estado estable.

El siguiente se dio 24 horas después en la ciudad de Pedro Juan Caballero cuando Ronald Insaurralde de 29 años ingresó al lugar de trabajo de su expareja de 24 años, disparó y la bala alcanzó el cuello de refilón. Tras el intento por matarla se suicidó disparándose con la misma arma.

El último corresponde al agresor identificado como Eudes Fabián Argüello, un agente del Grupo Lince que tiene antecedentes de violencia contra su expareja, esta lo quiso denunciar y la amenazó con un arma, el violento vive a tres cuadras de su casa y violó en reiteradas ocasiones la orden de alejamiento sin intervención policial.

Según los registros, durante el 2020 fueron registradas más de 15.000 denuncias de violencia contra la mujer y 32 casos de feminicidios en el país. En el 2019, hubo 37 feminicidios. Y este año, en un lapso de mes y medio ya son cuatro las víctimas fatales, según el Observatorio de la Mujer.

Estas mujeres que denunciaron a su agresor, en algunos casos en reiteradas ocasiones, están amparadas por la Ley 5777/16 que contempla los diferentes tipos de violencia contra la mujer, entre ellas violencia feminicida, violencia física, sicológica, sexual, contra los derechos reproductivos, patrimonial, laboral, política, intrafamiliar, obstétrica, mediática, telemática, simbólica y contra la dignidad.

Las propias víctimas cuentan los malos tratos, la indiferencia e inclusive la burla que reciben por parte de quienes deberían tomarla la denuncia y actuar. Muchas no pudieron contar la historia y pasaron la engrosar la lista de víctimas fatales de la violencia machista.

Las denuncias contra este tipo de violencia puede realizarse en Ministerio de la Mujer que ofrece servicios gratuitos de atención integral y gratuita para las víctimas como orientación legal y psicológica con la derivación y seguimiento de los casos respectivos a través de un equipo multidisciplinario integrado por trabajadores sociales, abogadas y psicólogas que apoyan y orientan a las mujeres víctimas de forma gratuita.

El horario de atención es de 7:00 a 18:00 horas de lunes a viernes en el edificio Ayfra – Planta Baja ubicado en Presidente Franco y Ayolas. Se puede contactar al 021 452060 y el correo atención@mujer.gov.py.

También está habilitada la línea 137 SOS MUJER, un Sistema de Operativo de Seguridad para mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar, el servicio tiene cobertura nacional las 24 horas inclusive los fines de semana y feriados.

A esta línea pueden llamar tanto las personas que tengan conocimiento de un hecho de violencia doméstica e intrafamiliar o las mismas víctimas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.