Según la denuncia, Thais Do Nascimiento Muraro, de nacionalidad brasileña, llegó a Encarnación y, posteriormente, quedó embarazada. Todas las consultas que realizó, lo hizo con el documento de identidad de “Nilsa Larramendia de Fleytas”, de 32 años, la supuesta madre adoptiva de la bebé.

La cesárea se planificó para el 17 de enero pasado, fecha en que la mujer brasileña dio a luz en una clínica en la citada localidad. También en dicho procedimiento, utilizó el documento de Nilsa para que la pequeña esté a nombre de la nueva mamá.

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Sin embargo, llamó poderosamente la atención del doctor que atendió a la mujer, que en la foto de perfil de WhatsApp estaba el hombre, que la acompañó en el alumbramiento y con quien abandonó el establecimiento de salud, con otra persona y la recién nacida.

El profesional presentó la denuncia ante el Ministerio Público debido a las sospechas, además, presentó las capturas de los mensajes de las conversaciones que mantuvo con Thais. Asimismo, alegó que en varias ocasiones vio a Nilsa acompañar a la misma en las consultas.

En consecuencia, esta mañana se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de la pareja integrada por Nilsa Larramendia de Fleytas y su marido Oscar Fleytas Belotto. La intervención se realizó en el marco de la causa de presunta violación de las reglas de adopción.

Existen fuertes sospechas de que la pareja habría falsificado algunos documentos para poder adoptar a la bebé, por lo que ambos fueron aprehendidos, además de la madre biológica.

El operativo fue encabezado por la fiscal Raquel Bordón Aguayo, de la Unidad Penal Nº 7 de Encarnación, en conjunto con los agentes del Departamento Antisecuestro, de la División de Búsqueda y Localización de Personas y de la subcomisaria 6°.

Al respecto, el comisario José Irrazábal, jefe Antisecuestro, explicó que el doctor realizó la denuncia porque Nilsa habría solicitado el reposo médico por maternidad y los datos no coincidían con la mujer que dio a luz.

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“Con el número de teléfono empezamos nuestra tarea de inteligencia, llegando hasta la pareja que tuvo a la bebé de forma irregular. La criatura está por cumplir dos meses, la fiscal ordenó que quede a cargo de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia”, mencionó.

Por último, dijo que por el momento desconocen el motivo del por qué la mujer brasileña entregó a su bebé. “No sabemos si fue por motivo económico o un favor, estamos esperando las declaraciones de las tres personas detenidas”, especificó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.