Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del TSJE, se refirió en entrevista con la radio Universo 970 AM a los milagros del voto preferencial para algunos precandidatos no tan conocidos y al presunto fraude electoral en las filas liberales.

“El voto preferencial, si bien era un sistema que tenía un tinte democrático, aleja cada vez más a las personas que no tienen estructura política y poder económico de los cargos electivos. Eso es así, en la experiencia que tuve en el trabajo que hice en Perú, Panamá, Salvador, Colombia, conozco el sistema y conozco las fortalezas y debilidades”, dijo.

Señaló que cuando se colocaba este mecanismo como la solución a los problemas locales, siempre advirtió que no lo iba a ser, porque era un sistema que tiene sus ventajas y desventajas como cual otro.

Sobre estas elecciones se evidencia que muchos políticos creen que otros dirigentes no pueden tener más votos que ellos. En ese sentido resaltó que una de las ventajas de este sistema desbloqueado es que renueva liderazgo porque con el anterior entraban primero los dirigentes que tuvieron votos en la anterior elección, pero ahora con el desbloqueo aparecen nuevas figuras que construyen liderazgo, arman sus equipos y trabajan arduamente antes del sufragio.

FRAUDE ELECTORAL

Por otro lado, sobre la supuesta carga de votos en el aparente fraude electoral, dijo que “nosotros desde la Justicia Electoral no podemos desmentir de ninguna manera de forma categórica porque no nos corresponde, corresponde a los partidos políticos y a la integración de las mesas que debe hacerse de manera paritaria y que haya el famoso control mutuo”.

Ljubetic remarcó que la propia ley impide que el TSJE intervenga, ya que la misma establece que los miembros de mesa son la única autoridad y no obedecerá orden de otra autoridad.

“Nosotros podemos asegurar que las máquinas reflejan la cantidad de votos contenidas en las mesas. Pero las máquinas no reconocen a las personas que votan. Si te doy 100 votos, y vas votando de a uno, entonces para la máquina reconoce como válido. La máquina lee el chip del elector pero no sabe si solo una persona está metiendo las papeletas. El peligro que tiene aún este sistema es que un elector vaya a votar por otro, y además que una persona vote más de una vez. Eso acabará con la implementación de la huella dactilar, el lector de huellas dactilares es necesario para desactivar todas estas cosas”, explicó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.