Hace unos días, el Viceministerio de Transporte confirmó la cancelación de la empresa de transporte “San Agustín S.R.L.” que explota los servicios de la Línea 11 Areguá, esto (según la versión oficial) después de haberse detectado varias irregularidades a través de un sumario administrativo.

Ignacio Cárdenas, titular de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (UCETRAMA), confirmó a la 970 AM que dicho gremio brinda su total apoyo a la empresa cancelada y, por consiguiente, a los choferes afectados.

Cárdenas considera injusta la decisión de cancelar a la Línea 11 ya que la firma renovó el 20% de su flota de vehículos y asumió el compromiso de renovar el 10% restante, además de estar al día en el pago del seguro al Instituto de Previsión Social (IPS) y el canon establecido.

“Entendemos que (la empresa) está cumpliendo con el parque automotor exigido y que no existen méritos para llegar a una cancelación. Podría ser una suspensión o una multa, cualquier tipo de amonestación, pero una cancelación representa una situación que no podemos permitir”, expresó.

Recordó que la citada empresa de transporte realizó una inversión muy fuerte para renovar su flota de buses y que, con esta determinación adoptada por el Viceministerio de Transporte, quedará con un vacío de casi US$ 1.000.000.

“La situación nos obliga a tomar una manifestación a favor de nuestros colegas, pidiendo principalmente una revisión total del sumario de cancelación al cual fue expuesta la empresa y, por otro lado, la suspensión del proceso de licitación al cual está sujeto ese itinerario”, sostuvo el titular de UCETRAMA.

Otro punto que cuestionan es que, según la información que manejan, al día siguiente de recibirse la notificación de cancelación, el Viceministerio de Transporte ya llamó a nueva licitación para cubrir el itinerario Areguá – Asunción dejado por la Línea 11.

Cárdenas dijo que, en caso de adjudicarse el itinerario a una nueva empresa de transporte, serían dos las líneas asignadas en el mismo corredor, lo cual crearía un conflicto y “dejaría un nefasto precedente para el transporte público en Paraguay”.

Choferes de Línea 11 realizaron en la mañana de este sábado una manifestación reclamando la cancelación y exigiendo que sea nuevamente habilitada la Línea 11 para volver a trabajar. Los mismos cuestionaron la participación de los directivos de la empresa CONDOR S.A. en la nueva licitación a la que tildaron de “amañada”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.