Silvino Báez, padre del joven Fernando, charló desde Argentina con el canal GEN al cumplirse un año de la brutal muerte de su hijo, quien fue asesinado por una patota de jóvenes rugbiers en la puerta de un local bailable.

“No tenemos paz, tranquilidad, seguimos pidiendo justicia, vamos por buen camino, creemos que habrá justicia. Tratamos de superar pero es muy difícil esto”, comentó el afligido padre, quien recuerda con mucho cariño a su hijo.

El connacional dijo que en ningún momento los padres de los imputados por este crimen se comunicaron con él. “Es mejor que se mantengan lejos. Entre 8 a 10 le pegaron cobardemente a mi hijo que estaba solo, quiero que todos vayan a la cárcel”, pidió.

La causa está caratulada como “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” y por el hecho, que comprende la pena de prisión perpetua, se imputó a Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Michael Viollaz, Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi. Los acusados, actualmente detenidos en la Alcaldía N° 3 de Melchor Romero en La Plata, irán un juicio aunque todavía no se sabe en qué fecha, según informa Infobae.

Durante la jornada de ayer domingo, varios familiares y amigos de Fernando hicieron acto solidario en el Parque Rivadavia, en Caballito, Buenos Aires, para homenajear a la víctima al cumplirse un año del crimen.

CÓMO FUE EL CRIMEN

De acuerdo al medio argentino, el viernes 17 de enero de 2020, Fernando y su grupo de amigos se levantaron cerca del mediodía, almorzaron y caminaron hacia la playa. Al local bailable Le Brique llegaron en dos tandas. Allí hubo un altercado entre dos grupos, el de Fernando y el de los agresores.

Una vez en la calle, los ocho rugbiers se dividieron: cinco de ellos fueron a buscar a Fernando, “lo tomaron de espaldas” y “comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo”. Cuando el joven de 18 años cae al piso proceden a darle un golpe brutal, una patada que le provocó su muerte en forma casi inmediata. Mientras todo eso sucedía, los otros tres formaron “una especie de cordón” para impedir que los amigos de Fernando pudieran auxiliarlo y, además, los golpearon varias veces.

Este caso generó una conmoción tanto en Argentina como en Paraguay y se hicieron varios campañas para pedir justicia por el joven asesinado cobardemente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.