​Se trata de un procedimiento “inédito” en Paraguay, ya que la reconstrucción de hechos es “una figura muy poco utilizada” en el país, y siempre se empleó en casos más simples y que requerían la presencia de menos personas, según el abogado.

La reconstrucción es uno de los procedimientos que servirán para cerrar el juicio iniciado en julio pasado en Asunción contra once campesinos acusados de la muerte de seis policías durante un desalojo.

Los hechos se produjeron el 15 de junio de 2012 en la finca conocida como Marina Kue, en el distrito de Curuguaty (este), cuando un contingente de varios centenares de policías entró a desalojar las tierras que ocupaban unos 70 campesinos para pedir que se integrasen a la reforma agraria estatal.

Durante el desalojo se produjo un tiroteo que acabó con la vida de seis policías y once campesinos, aunque la Fiscalía no imputó a nadie por las muertes de los labriegos.

Aguayo explicó que en el lugar de los hechos se encuentran todavía hoy, casi cuatro años después de la masacre, numerosas “evidencias no colectadas” por los fiscales, como “casquillos, vainillas servidas y balas” incrustadas en troncos de árboles de la zona, y que según él fueron empleadas por los policías el día de los hechos.

“Durante el juicio se ha demostrado que el total de 321 policías que acudieron al desalojo comandados por los comisarios Erven Lovera (fallecido en la masacre) y Miguel Anoni estaban armados, y que los miembros de fuerzas de elite que intervinieron portaban armas de guerra”, dijo Aguayo.

El abogado afirmó que la reconstrucción de los hechos permitirá demostrar qué posiciones tomaron los policías que intervinieron en el operativo, ya que, según la versión de la Fiscalía, fueron emboscados por un grupo de campesinos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.