El hacinamiento en las cárceles es un caldo de cultivo para las facciones criminales como el PPC y el clan Rotela. Ambos grupos, al igual que otros, han logrado articular una red de soldados, captando a los reos dentro de las cárceles para extender así la red de tráfico de drogas dentro de los centros de reclusión y a la vista de todos, convirtiéndose así en una grave amenaza para la seguridad interna. También en las prisiones se instaló un sistema de recaudación.

Los esfuerzos por “solucionar” esta problemática apuntan básicamente a la construcción de más cárceles. Mientras se debate qué hacer y se construyen más sitios para las personas privadas de libertad, la bomba de tiempo está en medio de todos y a pasos de explosionar.

Tras la revuelta de ayer que dejó a seis fallecidos en la Penitenciaría de Tacumbú, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, expresó a radio Monumental que lo ocurrido fue en respuesta por las medidas que está adoptando y resaltó que se requiere una transformación penitenciaria que involucre a los tres poderes del Estado, no solo a su cartera estatal.

“Estamos ante una crisis penitenciaria, la venimos remando y ayer explotó la contención del sistema en cuanto a las medidas que se vienen tomando y tocamos un nervio importante. Quiero aclarar que no fue un conflicto entre clanes, no es igual a lo sucedido en San Pedro, es parte de un esquema de violencia”, comentó.

Ratificó en su posición de no reponer al recluso Orlando Efrén Benítez, quien pertenecía al grupo de Jakare Po, debido a un supuesto plan de fuga. Los internos de Tacumbú alegaron que el traslado de Benítez correspondía a un privilegio y luego que se iba a trasladar a las demás cabecillas, entre ellos a los del clan Rotela. “Si teníamos una duda, ahora lo estamos confirmando, (Benítez) estaba liderando un gran sector. Teníamos la información de un plan de fuga”, agregó.

La ministra explicó además que más del 70% de la población penitenciaria no tiene condena, por lo que se debe trabajar en separar a los condenados de los procesados y trabajar de manera integral con cada sector. Reconoció que la solución va mucho más allá de la construcción de tres nuevas cárceles para albergar a 4.000 internos. “Nosotros tenemos 14.000 personas privadas de libertad y solo 4.000 están condenadas”, agregó. Según los datos de Justicia, se estima que actualmente hay más de 2.450 internos en Tacumbú.

Por su parte, Juan Martens Molas, doctor en Criminología, indicó mediante su cuenta de Twitter que el sistema penitenciario ya no aguanta y es urgente una reforma integral.

“El sistema penitenciario, en especial Tacumbú, es como una usina productora de dinero. En cada pabellón existe preso que recauda y entrega puntualmente su parte a guardias y jefes, so pena de represalias. Se paga para que no te envíen al bajo, por tener y usar teléfonos móviles, por disfrutar de bebidas alcohólicas, por el ingreso de mercaderías ilícitas (marihuana, cocaína, crack)…. Tacumbú genera millones al día y ¿el dinero queda entre los agentes penitenciarios? ¿O parte de lo recaudado llega a otras esferas del poder político?”, argumentó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.