El fiscal Elvio Aguilera Vázquez propició la condena de una mujer que fue encontrada culpable por tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes. La sentenciada está identificada como Julia Insfrán de Quiñónez (73), quien recibió una sanción de 7 años y 6 meses de pena privativa de libertad.

El juicio oral y público se realizó este miércoles 11 de mayo en el Poder Judicial de Ciudad del Este. En la oportunidad, el titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico Nº 1 de Alto Paraná produjo varias pruebas documentales, testimoniales y periciales en contra de la acusada, y por consiguiente el Tribunal de Sentencia dictó el fallo condenatorio.

Según antecedentes, la anciana fue detenida durante el allanamiento de su vivienda, realizada el 2 de diciembre de 2020, a las 18:30 horas, en el barrio Ciudad Nueva. En ese entonces, una comitiva antidrogas incautó 3,3 gramos de cocaína, distribuida en 13 dosis, del lugar.

Igualmente, los intervinientes incautaron la suma de 214 mil guaraníes en billetes de baja denominación del poder de la sindicada, dinero que sería producto de la comercialización de sustancias prohibidas halladas en el ámbito de su dominio.

Los jueces Marino Méndez, Herminio Montiel y Zunilda Martínez, integrantes del Tribunal, ordenaron el comiso del dinero incautado.

LA SEGUNDA CONDENA

Esta fue la segunda condena que recibe la ciudadana Julia Insfrán de Quiñónez por tenencia de estupefacientes. Con anterioridad, en otra causa, fue sentenciada a 6 años y 6 meses de prisión, al igual que su hijo Óscar Quiñónez Insfrán.

Agentes del Departamento Especializado contra el Narcotráfico de la Policía Nacional entre anoche y esta madrugada ejecutaron un allanamiento en la colonia Puerto Indio del distrito de Mbaracayú, departamento de Alto Paraná.

El lugar intervenido es una precaria vivienda de material a medio terminar ubicada dentro de un inmueble rural, en una zona boscosa cercana al lago Itaipú.

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Dentro del establecimiento, fueron hallados un total de 1.767 kilogramos de marihuana prensada, distribuidos en decenas de panes, junto a poco más de 13 kilogramos de marihuana envasada al vacío, conocida como “capullos”.

Las autoridades presumen que el domicilio allanado era utilizado como punto de acopio temporal de la droga, antes de su posterior envío al territorio brasileño de manera ilícita.

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Su localización fue posible gracias a informes de inteligencia policial, que daban cuenta sobre la existencia de una propiedad utilizada para el resguardo de estupefacientes.

Al momento del operativo, ninguna persona se encontraba presente en el inmueble, por lo que no hubo detenidos en el allanamiento. De igual manera, se trabaja en la identificación de los responsables del cargamento incautado.

En el transcurso de este viernes se confirmó la comparecencia de los procesados Marcelo Bordón Leiva, Verónica Alexandra Blanco Bogado, Hugo Enrique Aranda Noguera, José Raúl Coronel Acosta, Juan Manuel Villar López y Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz.

La mayoría de estos exfuncionarios del IPS fueron beneficiados con la libertad ambulatoria por disposición del juez Rodrigo Estigarribia, ante quien se presentaron para la audiencia de imposición de medidas cautelares.

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Previamente, habían accedido a esta misma medida alternativa a la prisión el expresidente del IPS, Jorge Magno Brítez, y la exfuncionaria de la asesoría jurídica de la previsional, Rosa Concepción Colmán.

Todos los imputados por lesión de confianza presentaron inmuebles valuados en millones de guaraníes como caución real, a fin de poder acceder a una salida procesal por parte del juzgado.

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El Ministerio Público abrió una causa penal tras la denuncia por supuesto daño patrimonial al Instituto de Previsión Social (IPS), por una suma estimada de G. 61.000 millones, a raíz de la fallida instalación de quirófanos modulares.

El único de los procesados que aún sigue pendiente de presentarse ante la justicia es Vicente Bataglia, también extitular del IPS, quien se encuentra de viaje por Italia, conforme a lo manifestado por su representante legal.

El doctor Pablo Lemir, jefe de Medicina Forense del Ministerio Público, explicó que la autopsia fue bastante compleja, ya que primero tuvieron que hacer una reconstrucción del cuerpo y de cada una de las partes desarticuladas.

“Esta niña fallece por una asfixia bastante particular porque se da por un proceso de inhibición dentro del marco de una inmersión. No es que el agua haya entrado a todos los pulmones, sino que un líquido con un alto componente tipo térreo y pasto llega al tercio medio de la tráquea, eso provoca una inhibición de la laringe y hace que se cierre como acto reflejo, y eso provoca la asfixia”, relató Lemir.

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Esto significa que alguien la sumergió o que ella misma se sumergió, pero el agua no llenó los pulmones, sino que solo llegó al tercio medio de la tráquea (si trazáramos una línea recta desde el cuello hasta el pecho, este punto se situaría en el medio ). La violencia y el desmembramiento son postmortem. El cuerpo está totalmente desarticulado en cada una de las uniones.

La data de muerte es de siete días,lo cual impidió encontrar líquidos y sustancias; sin embargo, sí pudo descartarse el embarazo. Tampoco se pudo extraer orina porque la vejiga estaba vacía. Este procedimiento fue hecho como anticipo jurisdiccional de prueba.

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