Como se dio con el caso de Camilo Soares y Alfredo Guachiré, quienes fueron condenados por el caso de los “coquitos de oro” y la Corte le dio una mano para anular el proceso dejando impune un hecho de corrupción, ahora también fue beneficiado Rafael Filizzola, quien queda libre de este caso de los arreglos de Comisarías donde se habla de un perjuicio patrimonial de G. 1.131.812.500.

El jueves se inició la audiencia preliminar para Filizzola por el caso de arreglos de Comisarías en el 2010 y de entrada la defensa presentó un incidente de prescripción del caso ya que pasaron más de diez años del inicio del proceso. La jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo analizó el pedido y dio curso favorable sobreseyendo definitivamente a Rafael Filizzola y los demás procesados.

De esta manera queda impune el hecho de lesión que por más de 10 años se discutió en tribunales, pero la principal responsable de todo fue una vez más la Corte Suprema de Justicia que por casi seis años cajoneó el proceso.

Este proceso se inició en el año 2010 cuando el fiscal Luis Piñánez imputó a Rafael Filizzola y a los responsables de la empresa Todo Verde Emprendimientos, perteneciente a Alejandro Apolonio Giménez, fue la empresa adjudicada para hacer refacciones en 24 Comisarías, el mencionado trabajo, por una suma de G. 1.131.812.500, mediante un contrato firmado en fecha 2 de diciembre de 2010.

Las obras iniciaron el 25 de enero del 2011 y según el documento debían concluir en 60 días en 23 comisarías; mientras que en la restante, la comisaría número 19, ubicada en el Barrio Jara, debía concluir en 90 días. El 27 de enero se abonó la totalidad del monto establecido en el contrato.El requerimiento conclusivo del fiscal explica que Filizzola llamó a licitación sin que existiera una necesidad, ni un pedido de los responsables de las áreas afectadas, que avalen la construcción de las mismas, ni un estudio técnico con relevamiento de datos de cada comisaría.

Además, refiere que el ex ministro ordenó el pago teniendo conocimiento de que el plazo para la ejecución de las obras era de 60 y 90 días, y que conforme a la fecha del llamado y del proceso administrativo las obras no estarían terminadas para el último día hábil del período fiscal 2010. Esto ocasionó un perjuicio de G. 408.112.313 según la investigación.

Sin embargo gracias a chicanas el caso fue dilatándose y no se hacía la audiencia preliminar, en el 2016 Rafael Filizzola recurre a la Corte a través de una inconstitucionalidad y la misma fue a parar a la Sala Penal, donde quedó cajoneada por casi seis años, recién a finales del año pasado los ministros Eugenio Jiménez, Alberto Martínez Simón y el camarista Cristóbal Sánchez, quien integró la Sala, destrabaron el proceso, pero ya era tarde porque el ex ministro ya logró su objetivo ayudado por la máxima instancia, que era alargar a más de 10 años el proceso.

Ante este escenario es que Rafael Filizzola se presentó a la audiencia preliminar en la que su defensa planteó el pedido de prescripción que fue aceptado por la jueza Pedrozo y el proceso se extinguió dejando impune los casi G. 1.200 millones en perjuicio al Estado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.