Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la prevalencia de la infertilidad es del 17,5%, es decir, aproximadamente una de cada seis personas en edad reproductiva, experimentan problemas de infertilidad en algún momento de sus vidas.

La infertilidad se define como la incapacidad de lograr el embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección. Existen dos tipos de infertilidad: la primaria, que se refiere a las parejas que nunca han podido concebir, y la secundaria, que se refiere a la incapacidad de concebir nuevamente después de haber tenido un hijo.

“Es una condición que puede causar angustia, estigmatización y dificultades económicas, además de afectar el bienestar mental y psicosocial de las personas. No hace distinciones y puede afectar a hombres y mujeres por igual. La magnitud de esta afectación es innegable y debe ser abordada mediante una ampliación del acceso a los tratamientos y su inclusión en las políticas y estudios de salud”, explicó el Dr. Roger Molinas, experto en Medicina y Cirugía Reproductiva.

Un informe de la OMS señala que resulta urgente aumentar el acceso a una atención sanitaria de la esterilidad asequible y de calidad para quienes la necesitan.

En Paraguay no se escapa de esta realidad, pues posee cifras similares a los países sudamericanos, situación a la que se suma la falta de información al respecto. La infertilidad no es aún considerada como una condición que debe ser atendida por la salud pública. De momento la opción que se cuenta es recurrir a centros de medicina y cirugía reproductiva, que se enfocan en el diagnóstico especializado de la infertilidad y su tratamiento.

Según resalta el médico Roger Molinas, los estudios realizados en el país comprueban que hay una marcada disminución de la calidad del esperma del varón por diferentes motivos, lo que repercute en el aumento en mayor porcentaje de infertilidad en la población de edad reproductiva. Además, de otras condiciones socio-económicas-culturales que impactan en el rango de edad de reproducción, como por ejemplo la decisión de la mujer de postergar la maternidad.

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, enfatizó la importancia de esta problemática al declarar: “El informe revela una verdad incontestable: la infertilidad no hace distinciones. La enorme proporción de afectados evidencia la necesidad de ampliar el acceso a los tratamientos y de incluir la infertilidad en las políticas y los estudios sobre salud, de modo que las personas que lo deseen dispongan de vías seguras, eficaces y asequibles para tener hijos”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.