Una mayoría en la Cámara Alta aprobó una resolución por la cual el exfiscal general del Estado quedó contratado, para seguir la investigación del hecho registrado tras la aprobación del proyecto enmienda. Óscar Germán Latorre habló con la 970 AM respecto al avance de las pesquisas.

“Estamos esperando aun que el presidente del Congreso nos otorgue el poder especial para presentar la querella adhesiva. Hemos adelantado en cuanto a la relación de los hechos, las diligencias que vamos a proponer pero nos falta el poder que debe ser otorgado a través de una escritura pública”, refirió.

El retraso obedecería a que Acevedo tiene vínculos con la minoría de senadores que “celebró” cuando la turba de manifestantes (en su mayoría afiliados al PLRA) incendiaba la sede legislativa. “Presumo que hay una burocracia en el Senado y el presidente lo tendrá que examinar. Preparamos la minuta que debe firmar y me parece lógico que haga una revisión de los documentos antes de otorgar el poder, estamos esperando eso. Ojalá en esta semana tengamos eso para presentar la querella”, indicó.

Latorre adelantó que la querella a presentarse está bastante documentada, lo que permitirá que la investigación avance más rápido. “Esperamos que el Ministerio Público haga justicia. Lo que ocurrió en el Congreso es un hecho gravísimo, es un crimen, sería lamentable para el Estado de Derecho y el proceso democrático que eso quede en impunidad o con el castigo de personas sin mayor trascendencia, que solo siguieron delineamientos de algunos dirigentes”, sentenció.

Cabe recordar que el presidente Horacio Cartes cuestionó días atrás el trabajo de la Fiscalía y criticó que hasta el momento dirigentes de oposición no hayan sido procesados, en directa alusión a Efraín Alegre y Rafael Filizzola. “Se acuerdan del firmatón, la ANR fue atropellada por fiscales no sé por qué razón, el sistema bravo de la Policía también fue atropellado y cuando se quema un Poder del Estado y está filmado cuando en el Partido Liberal se fabrican bombas y están plenamente identificados el chofer de efraín y no hay ningún imputado, entonces me pregunto sino da temor cuando las instituciones no funcionan. El Ministerio Público atropelló el partido y lo que está firmado no vio, pregunto si hay alguno que no escuchó lamentablemente a correligionarios nuestros gritar cuando se quemaba el Senado, decían ‘bien carajo’ y tampoco están imputados”, declaró.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.