Alejandro López, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Politécnica Taiwán –Paraguay, mencionó en entrevista con la radio 650 AM que lanzaron una campaña para solicitar un proyecto de construcción de una sede. Se trata de la campaña #SedeUPTP.

“Esta es una universidad pública, para acceso a todos los paraguayos. Sí es cierto que el Gobierno anterior dio una respuesta después de que se rechazara el primer predio, sin embargo, este segundo predio no cumplía con ciertas características. Lo que más o menos se optó por hacer es esperar que llegue este nuevo gobierno para que se nos ceda un predio que cumpla con las características para una universidad que apunta a ser la más tecnológica no solo de Paraguay, sino de Sudamérica”, explicó.

De momento, los estudiantes están dando clases en las instalaciones del Comando de Comunicaciones del Ejército, donde básicamente se construyeron aulas para albergarlos.

Sin embargo, los estudiantes desean contar con una sede propia con mejores instalaciones. “Muchos estudiantes son del interior, no tienen la capacidad económica para mudarse a Asunción, el proyecto de sede incluye la construcción de dormitorios, para que estas personas puedan venir a instalarse en el lugar”, indicó el vocero.

“El proyecto sería financiado por el Gobierno paraguayo, podríamos guiarnos en otros proyectos de infraestructura para guiarnos el tiempo que llevaría tomar la finalización”, remarcó.

En el marco de la iniciativa, los impulsores instan a agregar el hashtag #sedeUPTP a las publicaciones universitarias, antiguas o nuevas, permitiendo que el algoritmo promueva el movimiento, y que la gente pueda visualizar lo que hacen los estudiantes.

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Ambos gremios dejaron en claro a la opinión pública que no tolerarán ni respaldarán ninguna conducta delictiva por parte de los funcionarios de la institución.

Además, subrayan que no asumirán responsabilidad alguna por terceras personas que pretendan hacerse pasar por trabajadores de la Fiscalía.

El comunicado enfatiza que, en caso de que se confirme cualquier indicio o sospecha respecto a la participación de funcionarios en actividades delictivas, estos deberán rendir cuentas y enfrentar las consecuencias legales correspondientes.  

Este pronunciamiento surge en respuesta a las publicaciones, en los medios de prensa y en redes sociales, referentes a supuestos funcionarios del Ministerio Público involucrados en actividades al margen de la ley, generando preocupación y especulaciones en la opinión pública.

En la tarde de este jueves se compartieron las imágenes del circuito cerrado que captaron el momento exacto en el que Bazán fue emboscado y luego recibió los nueve balazos que acabaron con su vida.

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El video revela que el ex director penitenciario antes de ser asesinado, disparó contra los sicarios que lo interceptaron a bordo de una motocicleta.

En el primer ataque, logró repeler a los dos hombres y resultó herido. Quedó sin proyectiles y se vio obligado a escapar a pie, sin embargo, fue perseguido hasta que, finalmente, lo asesinaron en una propiedad privada.

El antecedente más inmediato de amenaza se remonta al año 2021, cuando un integrante del clan Rotela envió una nota de voz y pidió un pabellón para todos sus secuaces.

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La denuncia fue realizada por Carolina Mareco Villalba, de la localidad de Capiibary, quien acusa al personal policial Julio Escobar de trabar un proceso judicial por filiación en el caso de una menor de 2 años de edad.

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Escobar, a través de su nueva pareja, Elsa Vargas, una funcionaria del Poder Judicial de Santaní quien se encuentra ternada para Jueza de Paz, estaría incurriendo en un hecho de tráfico de influencia para trabar la causa de filiación que se encuentra sin avances desde hace 8 meses.

#INFO➕ | Tráfico de influencia y amedrentamiento traba filiación de una menor en Santaní.

🖥️ Carolina Mareco Villalba, madre denunciante.

👉 El padre sería policía, involucrado en el supuesto apriete a secretario de "Macho" y posterior rescate hecho por el propio capo narco… pic.twitter.com/onbqmPM6Lz

— GEN (@SomosGEN) November 30, 2023

Por otra parte, el personal policial es acusado de haber participado en el confuso episodio de supuesto apriete y posterior rescate del presunto criminal, Santiago Acosta, alias Macho.

Escobar se desempeña como subjefe de Automotores Policía Nacional de Coronel Oviedo.

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“Él nunca se quiso hacer cargo de mi hija y tuve que salir a reclamar el derecho de ella. Inicié el juicio de filiación y su actual señora que trabaja en el Poder Judicial tiene amistades y empezaron a recusar el caso. Incluso, me dijeron que si no me muero en un accidente de tránsito, ella misma me va a matar, me tienen amenazada”, comentó la denunciante, Carolina Mareco, en conversación con el canal GEN de Nación Media.