• Por Santiago Rodríguez
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Actualmente en Para­guay existen 426 mil compatriotas con problemas de empleo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), situación que para el abogado especialista en lo laboral, Enrique López Arce, se da por una falta de plani­ficación estratégica a la hora de formar a los profesionales en base a las necesidades de cada departamento.

El experto puntuó que debido a esta falta de pla­nificación hoy existen 5.000 profesionales en cri­minalística y alrededor de 2.500 enfermeros que no cuentan con un lugar de trabajo, y este número va en aumento mientras que en el país lo que se está necesitando es incremen­tar la cantidad de mano de obra en mandos medios como son técnicos farma­céuticos o de aires acondi­cionados, plomeros, elec­tricistas, entre otros.

“Esto ocurre porque nues­tra educación tradicional insiste incluso a los más humildes, que no tienen mucho dinero en el bolsillo, a que deben apuntar a carreras universitarias”, mencionó. El analista agregó que lo más recomendable para personas con escasos recursos no es necesariamente apuntar a la educación universitaria, sino más bien enfocarse en oficios que requieran de un periodo menor de formación y con mayor salida laboral, con el fin de generar ingre­sos, y recién después mirar a la universidad.

“Tenemos una gran mayoría de bachilleres humanísticos, básicos o sociales, pero muy pocos bachilleratos técnicos, cuando lo que nos faltan son mecánicos, plomeros o téc­nicos de aires acondiciona­dos”, dijo el abogado.

Asimismo, se refirió sobre las carreras universitarias denominadas de autoem­pleo, como son nutrición o derecho, de los cuales si bien solo 1 de cada 10 egre­sados son contratados por empresas ya establecidas, los otros 9 formados deben rebuscarse para abrir sus propios consultorios médi­cos o estudios jurídicos debido a que la cantidad de profesionales en esas áreas supera la demanda actual en las empresas.

“Arquitectura también, no es que una empresa le va a contratar. De cada 10 egre­sados solo a 1 le contrata una empresa, los otros 9 deben ofrecer sus servicios para construir una casa, una pis­cina, y por eso se les con­trata”, añadió el profesional.

En ese sentido, López Arce resaltó que para que evi­tar este desbalance entre la oferta de mano de obra y la cantidad de vacancias labo­rales, o que falten técnicos como mencionaba ante­riormente, es necesario un mapa de empleo en el que se identifiquen cuáles son las especialidades mayormente requeridas en cada departa­mento, ya que, como resaltó “no es lo mismo lo que ocurre en Amambay a lo que pasa en Central o en Alto Para­guay. Es diferente el empleo urbano del rural”.

Para lograr este mapa en el que se diferencie cuáles son las necesidades de cada zona, el abogado mencionó que es de vital importancia que la Agencia Nacional de Acre­ditación y Evaluación de la Educación Superior (Aneaes) realice un análisis de cuántos de los egresados están traba­jando en su profesión luego de un año de recibirse, cuán­tos no trabajan y cuántos son empleados en otros rubros, esto con el objetivo de identi­ficar cuáles son las especiali­dades “faltantes y sobrantes” en cada región del país.

“Este informe serio no tenemos hoy, sí tenemos unos estudios prelimina­res hechos para algunas carreras, pero nos falta un informe más completo para elaborar ese mapa”, remarcó el especialista.

López Arce finalizó subra­yando que la elaboración tanto de este análisis por parte de la Aneaes como el mapa laboral como parte de una política pública del Estado son unos de los desafíos que deberá afron­tar el próximo gobierno con la misión de disminuir el amplio índice de desempleo actual.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.