US$ 3 millones de los fondos Covid para pagar al concuñado de Marito
En plena pandemia, concuñado presidencial ligó su “Pytyvo” con un contrato directo sin licitación. Fondos salieron del millonario préstamo de US$ 1.600 millones. Copaco subcontrató vía VOX a empresa del concuñado de Marito para brindar servicio de call center.
Fuente: La Caja Negra – Unicanal
El Gobierno Nacional, a través de la Copaco y Vox, otorgó casi 3 millones de dólares de los fondos Covid a una empresa de Flavio Enrique “Kike” Santander, concuñado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. La entrega se dio con el aval de la Comisión Especial de Supervisión y Control de las compras Covid, manejada por Arnaldo Giuzzio y creada por el Poder Ejecutivo para justamente evitar las tragadas y negociados en pandemia.
A través de Vox (Hola Paraguay SA), la Conatel firmó un contrato con la empresa Bizcom S.A., del músico colombiano Kike Santander, para el suministro de soluciones tecnológicas de la marca Simplifi, tales como servicios en la nube, call center, plataforma, entre otros. La firma del acuerdo se realizó el 26 de marzo del 2020, a inicios de la cuarentena sanitaria por la pandemia del Covid-19.
Este contrato se ejecutó en el marco de un acuerdo previo de la Copaco con el Ministerio de Salud para la provisión del servicio de contact center, a fin de rastrear a personas o contactos que hayan estado expuestos al Covid-19. Fue así que para hacer efectiva esa prestación, Copaco subcontrató los servicios de Bizcom mediante su telefónica subsidiaria Vox.
El presidente de Copaco, Sante Vallese, y el representante de Bizcom SA firmaron el contrato directo sin realizar una licitación, pero lo que más llama la atención es que dicha empresa elegida por el Estado paraguayo está vinculada a la familia presidencial, ya que Kike Santander es el concuñado del presidente Mario Abdo Benítez, puesto que está casado con Adriana López Moreira, hermana de su esposa Silvana.
Esta es una de las notas dirigidas al entonces verificador de las compras COVID, Arnaldo Giuzzio, quien avaló la contratación directa al concuñado de Marito.
De esta manera, bajo cláusula de extrema confidencialidad, el “concuñado de oro” se benefició con un importante “Pytyvo” en pandemia, tal como lo calificó el diputado colorado Basilio “Bachi” Núñez, quien anunció que pedirá informes a Copaco sobre el contrato y advirtió que si Sante Vallese se niega a transparentar lo ocurrido, se expondrá a acciones judiciales.
A travez de documentos filtrados al equipo de La Caja Negra, se sabe ahora que la estatal Copaco acordó con Salud brindar soporte técnico de hardware y software de sus equipos para el servicio del call center, el cual incluyó 100 posiciones con un costo de G. 7.315.200 cada uno, dando un total de G. 731.500.200 por mes, el contrato sigue operativo hasta la fecha. Al multiplicar el monto por los 28 meses, teniendo en cuenta que el contrato con BIZCOM S.A. se firmó en marzo del 2020, da como resultado una cifra total de G. 20.482.005.600, que al cambio actual es alcanza los US$ 3 millones.
El Gobierno consiguió este dinero de los fondos de la ley de emergencia, que dispuso de una línea de crédito de 1.600 millones de dólares con el fin de garantizar recursos al sistema de salud ante la situación del Covid-19 y facilitar la recuperación de la economía. Desde su ejecución, aparecieron varias denuncias de compras irregulares de insumos médicos y de bioseguridad. Tal fue el nulo control para el buen uso de esta plata que la propia Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 dio su aval al no presentar objeción alguna al acuerdo entre Salud y Copaco, y el de Vox y Bizcom.
En notas dirigidas en octubre del 2020 al entonces ministro Arnaldo Giuzzio, quien aparecía como coordinador general de la comisión especial contralora, se informaba sobre la prestación del servicio de Contac Center de Copaco-Vox al Ministerio de Salud y se ponía a consideración el financiamiento con los fondos Covid, pero obviando que para eso iba a subcontratarse primero a la empresa del concuñado presidencial.
Los documentos llevan la firma del ministro anticorrupción René Fernández, de la Sepread, Carlos Arregui, y del coordinador Arnaldo Giuzzio. Las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo no pidieron mayores explicaciones sobre el acuerdo en cuestión, pese a que tenían como misión coadyuvar a la gestión eficiente de los recursos públicos destinados a mitigar los efectos de la pandemia.
Con la filtración de la entrega al concuñado presidencial, poco a poco se va sabiendo a dónde fueron a parar los 1.600 millones de dólares que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo y para lo cual el país entero tuvo que endeudarse.
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Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores
Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.
En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.
El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.
La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.
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Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.
En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.
“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.
También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.
“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.
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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.
El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.
Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.
Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.
Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.
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Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional
Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.
En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.
Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.
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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.
“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.
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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.
Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.
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