Se trata de unas 224 mil hectáreas ubicadas entre los departamentos de Concepción y Amambay expropiadas por ley N° 517 del año 1995. De ese total solo 42.945 hectáreas pudieron destinar a colonias campesinas; 103.018 hectáreas fueron declaradas reserva natural; mientras que 79.096 hectáreas son explotadas irregularmente.

De acuerdo a los registros de contabilidad del INDERT a los que accedió el equipo de la Caja Negra, se procedió al desembolso, en tiempo récord y sin medidas judiciales de por medio, de 3 pagos en total a favor de la empresa vinculada a la familia Antebi.

El primer pago se registró el 27 de noviembre de 2018 por un total de Gs 22.999.999.997. En los registros consta que el pago se efectuó a favor de la firma Comercial e Inmobiliaria Paraguayo Argentina S.A. de Roberto Antebi, en concepto de pago parcial de intereses anuales devengados y vencidos.

Apenas 6 meses después, el 27 de mayo de 2019, el titular del INDERT ordena otro pago en el mismo concepto. Se liberan Gs 11.000.000.000 por intereses devengados y vencidos del saldo adeudado por el Estado del precio de expropiación de las tierras de Antebi.

Posteriormente, dos meses después, el 27 de julio de 2019, se ordena el tercer desembolso por valor de Gs 11.000.000.000 también por el mismo concepto. En total la firmada vinculada al empresario Roberto Antebi cobró la suma Gs 44 mil millones que al cambio actual equivalen a casi US$ 7 millones de dólares.

El presupuesto del INDERT, de este año, para la compra de tierras fue prácticamente utilizado para pagar los intereses vencidos de Antebi. El presupuesto para este año en ese rubro (compra de tierras) era de 57 mil millones sin embargo solo se ejecutaron los pagos de mayo y julio por un total de Gs 22 mil millones solo para saldar la deuda por los intereses vencidos “adeudados” al empresario.

El empresario Roberto Antebi y su hijo Alberto Antebi Duarte mantienen conocidos vínculos de amistad con el Ministro Rodolfo Friedmann. Este último acusado de manejar el INDERT a su antojo. Como si fuera un feudo de su propiedad, logró ubicar en puestos clave a sus leales y más cercanos colaboradores. El nombre del ministro saltó además en los escándalos de coima y apriete que afectan a la institución.

Cuando se desempeñaba como senador, Rodolfo Friedman se encargó de impulsar y hacer lobby por la aprobación de un proyecto de ley que buscaba legalizar la ocupación ilegal de las tierras de Antebi Cué. El proyecto planteado por las propias autoridades del INDERT buscaba “formalizar” la ocupación de tierras de Antebi Cue.

En aquella ocasión varios senadores entre ellos Enrique Bachetta y Enrique Riera, advirtieron que algo “olía mal” en todo ese asunto puesto que parecía que lo que pretendían los proyectistas era hacer que el Senado legalice una situación irregular, puesto que los ocupantes de esas fincas no son sujetos de la reforma agraria por lo que no correspondía concederles la propiedad de las mismas.

Las sospechas apuntaban a que habría una intención por parte de los proyectistas, entre ellos Friedmann, de dar mayores beneficios al exdueño (Antebi) de las fincas, ya que recibiría más dinero en el caso de que se concretara la cesión de las mismas a sus ocupantes actuales.

El 3 de mayo de este año el proyecto queda postergado sine díe y derivado a la comisión de reforma agraria del Senado. Ante esta situación, desde el INDERT, se ordenan los pagos a favor de Antebi (27 de mayo y 27 de julio) utilizando gran parte del presupuesto de la institución destinado al rubro de compra de tierras.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.