Desde hace varias semanas se viene hablando con insistencia de la efectividad del fármaco conocido como “Remdesivir” para el tratamiento de pacientes que han sido contagiados del virus del SARS-CoV-2.

La Dra. Viviana de Egea, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del MSPBS, señaló que, si bien este medicamento cuenta con autorización para su uso de emergencia en pacientes hospitalizados, aún sigue en estudio bajo un riguroso protocolo.

“Estamos estudiando cuál sería el beneficio del fármaco para los pacientes con COVID-19. Es importante saber a qué pacientes administrar el medicamento y en qué momento”, afirmó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expone que el Remdesivir no registra impacto alguno en la mortalidad de pacientes con COVID-19. No obstante, si muestra reducción de la estancia hospitalaria.

De Egea aclaró que éste no es un fármaco creado recientemente y que ya lleva unos años en el mercado, habiendo sido estudiado in vitro (en laboratorio) para tratar las primeras cepas de coronavirus como el SARS-1, el MERS y también fue probado con el Ébola.

Con los diversos tipos de coronavirus se obtuvo muy buenos resultados, incluido con el SARS-CoV-2. Sin embargo, cuando el antiviral es llevado a un ensayo clínico el comportamiento del virus no es igual que en el in vitro, refirió.

“El virus, una vez que ingresa al organismo comienza a utilizar las células que allí encuentra para replicarse. Esto es similar a lo que ocurre con el virus del VIH, o con el Herpes, otro virus que se mantiene y queda integrado en las células del organismo”, sostuvo la funcionaria del Ministerio de Salud.

De acuerdo a lo que expresó, no están en contra del Remdesivir sino en la formalización de su uso ya que aún no está comprobada completamente su eficacia. A su criterio, es un fármaco “prometedor” que no se puede descartar de entrada.

Igualmente, aseveró que la recomendación es utilizar este tipo de fármacos en el contexto de un ensayo clínico. “Si estoy tratando a un paciente en un hospital privado y me hago responsable de lo que ocurrirá con ese paciente, la recomendación es realizar el tratamiento a través de un consentimiento informado, firmado por el paciente y un familiar que estará recibiendo un fármaco que aún no tiene todas las evidencias. Explicar al paciente en qué consiste el tratamiento, los posibles efectos adversos, y advertir que no se asegura una curación”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.