El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) denunció que personal de prensa de Canal 13 recurrió a una medida de fuerza, para exigir el pago de salarios adeudados por la teledifusora. De acuerdo al sindicato, los trabajadores fueron presionados por Recursos Humanos y jefe de prensa de la empresa para salir a coberturas.

Como no lograron su cometido -dice la denuncia- la patronal arreó camarógrafos de otras áreas para cubrir a funcionarios que se negaron a trabajar sin cobrar, según el SPP. Los equipos usados como “salvataje” fueron del programa AAM (Algo Anda Mal), emitido todos los domingos y que es conducido por el periodista Santiago González.

Enrique Vargas Peña, comunicador del Grupo Nación Comunicaciones, criticó la actitud de González por no demostrar solidaridad con los trabajadores que decidieron hacer “brazos caídos”. A través de su programa de radio, en FM Montecarlo, se despachó contra su colega.

“Le quiero decir dos cosas a Santiago: una le voy a recordar y otra le voy a decir algo nuevo. La que le voy a recordar es yo creo que uno tiene que tener un poco de cautela cuando uno hace el trabajo sucio de sus patrones, Santi, que es lo que vos hacías con Chena para la operación quiniela”, expresó.

“Lo que es nuevo es que por lo visto Chena te ordena a vos seguir haciendo trabajo sucio contra tus compañeros de Canal 13, poner a los camarógrafos de Algo Anda Mal que ellos si van a responder para seguir dejando sin pago a los otros compañeros del canal (…) entras a sustituir el trabajo de tus compañeros, papá! y vas a hacer porque ya hiciste el trabajo sucio de Chena, vas a hacer porque no se te revuelve el estómago entonces tranquilo”, agregó Vargas Peña.

El conductor de radio y tv recordó que cuando la familia Domínguez Dibb era propietaria del Grupo Nación de Comunicaciones, (manejada ahora por el Grupo Cartes) en varias ocasiones se registraron atrasos en los pagos, sin embargo, resaltó que nunca los dueños pidieron suplantar a los que se revelaban.

Además acusó a Santiago González de recurrir a perfiles falsos en Twitter, para salir a favor de los propietarios de Canal 13. “Santi tiene equipo de perfiles falsos, que le hacen el aguante en AAM, todo bien o sea es una técnica que estoy contando no criticando. Ahora con su equipo de perfiles falsos está tratando de defender lo indefendible. Santi, vos podes poner 8 mil perfiles falsos si queres al tratar de defender lo que estas haciendo pero nadie te va a sacar esto de encima entendes”, sentenció.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.