El doctor Pablo Lemir, director de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Fiscalía, en entrevista con la 970 AM lamentó el veto del Poder Ejecutivo y sostuvo que desde hace bastante tiempo vienen siendo afectados por la delicada situación presupuestaria en la institución.

Según sus propias expresiones, esta ampliación “iba a ser como una curita para tratar de tapar algunas cosas”, refiriéndose a varias de las carencias y necesidades que deben ser cubiertas en el Ministerio Público. “Ahora nos dejaron con la herida abierta”, acotó.

Lemir mencionó que dentro de la ampliación presupuestaria se contemplaba la incorporación de más personal y la reivindicación salarial de los médicos y peritos que trabajan allí, cosa que finalmente no será posible.

“Trabajamos más de 6 horas, muchas veces nuestros forenses son los únicos para toda una comunidad y para varias ciudades, tienen que trasladarse varios kilómetros y no hay móvil, por eso deben usar sus propios vehículos y pagar de su bolsillo el combustible y el peaje. En ocasiones, también deben comprar sus propios insumos, todo con su magro salario”, afirmó.

A través de su cuenta de Twitter, el doctor Lemir realizó un descargo y reveló la delicada situación por la que atraviesa la Dirección de Medicina Legal. La crisis llega al punto de tener que firmarse convenios con universidades ante la falta de morgues para realizar las autopsias de los cadáveres.

El salario de un médico forense en el Ministerio Público oscila los G. 6.000.000 para “un trabajo insalubre, a cualquier hora y sin seguro de vida”, expresó el funcionario.

Lemir confirmó que desde la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses apoyan todas las reivindicaciones de los funcionarios, pero como dicha dependencia presta un servicio esencial para la ciudadanía no pueden cerrar sus puertas y sumarse a la huelga anunciada para este mes.

El presidente Mario Abdo decidió vetar este lunes el proyecto de ley Nº 6190/18 “Que amplía el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el ejercicio fiscal 2018 destinado a la Fiscalía General del Estado”.

Llamativamente, esta es la primera vez que se niega completamente un pedido de ampliación presupuestaria al Ministerio Público, justo en este periodo en el que se dan más casos de imputaciones a políticos y parlamentarios.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.