Fernández Lippmann se presentó esta mañana para prestar declaración indagatoria ante la fiscal Victoria Acuña en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que pesa en su contra.

En entrevista con los medios su representante legal, el abogado Álvaro Arias, comentó que su cliente fue respondiendo a todas las preguntas que le fue haciendo la representante del Ministerio Público durante su declaración.

Recordó que la Fiscalía tuvo las sospechas de que Fernández Lippmann cometió enriquecimiento ilícito debido a que su cuenta en el Banco Familiar había recibido un depósito de 80 millones de guaraníes en el lapso de un año. Al respecto, explicó que juntando los beneficios y gratificaciones, su cliente cobraba alrededor de 320 millones como secretario del JEM, por lo que sí se podría justificar ese dinero.

“No hay ninguna cuenta escandalosa. El máximo dinero que tuvo fue de 34.000 dólares en una cuenta y se demostró de qué manera pudo percibir ese dinero”, expresó Arias. Así también, señaló que su defendido recibía giros del presidente del club Cerro Corá, de nombre Fernando Chávez, en su condición de miembro del departamento de Fútbol de dicha institución.

El representante legal de Fernández Lippmann también recordó que hace un tiempo atrás, este último había sufrido el robo de su vehículo, por lo que la empresa aseguradora le entregó la suma de G. 66 millones en concepto del seguro.

Arias descartó que su cliente tenga acumulada la suma de G. 3.000 millones, tal y como se mencionó en un momento, asegurando que el dinero en su patrimonio es de 90 millones de guaraníes y 24.000 dólares, lo cual “está totalmente justificado”.

“Pretendemos salir de este tema de enriquecimiento ilícito y luego vamos a movernos con respecto al tema de los audios (sobre la causa penal), vamos a tener suficiente tiempo durante la investigación”, manifestó el abogado a los periodistas.

Sobre el mismo punto, reafirmó su postura de que los audios en los que se lo escucha a su cliente (y al exsenador González Daher) fueron interceptados sin orden judicial, por lo tanto, no pueden ser utilizados en un juicio formal.

Entre los documentos presentados por la defensa de Fernández Lippmann se encuentran los informes de préstamos solicitados al Banco Familiar y al Banco Itaú, además de los papeles que avalan la herencia recibida de su difunto padre, las propiedades y vehículos a su nombre.

Arias justificó parte de los ingresos de Fernández Lippmann en un negocio que tenía con su tía, la docente Maxdonia Fernández, con la venta del libro “Lengua española – Teoría y práctica”, utilizado comúnmente por estudiantes universitarios para el examen de ingreso a la UNA. Según el abogado, su cliente se hacía cargo de la venta y distribución de los ejemplares, obteniendo una parte importante de las ganancias.

Finalmente, afirmó que “nunca hubo obstrucción a la justicia” y que su cliente quiere colaborar. Asimismo, señaló que “no existe verosimilitud con respecto a la imputación”, por lo que solicitarán el arresto domiciliario para que Fernández Lippmann pueda abandonar el penal de Tacumbú donde guarda prisión preventiva.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.