En un país medianamente civilizado, la venta de petardos debe estar prohibida, afirmó el doctor Aníbal Filártiga, médico cirujano y ex director del Hospital de Trauma. Cuestionó que los productos además de ingresar de contrabando tienen la venta liberada pese a que cada año atentan contra la integridad de las personas.

Afirmó que en otros países los fuegos artificiales, que no son lo mismo, son manejados en forma organizada y por personas especializadas para ofrecer espectáculos visuales y no para causar daño. “En otros países un padre no va y compra bombas y le ofrece a sus hijos, no existe tal cosa. Esto es un signo de barbarie”, señaló.

La venta de pirotecnia antes estaba diseminada por el Mercado 4 y luego se logró que todos sean llevados a una plaza de las inmediaciones donde si bien se disminuyó el riesgo de que ocurra una catástrofe, tampoco se evita que el peligro esté latente.

“Esa plaza está llena y si hay una chispa no sé lo que va a pasar. No deben venderse, debe estar prohibida su venta y el que quiere reventar que vaya en secreto y lo haga en su casa”, disparó.

Afirmó que la disminución del número de personas heridas por manipulación de petardos no se debe a la toma de conciencia y cuidado sino porque los explosivos tienen mejor tecnología que años atrás. “Se han especializado mucho y han mejorado los sistemas y son menos peligrosos, en los primeros años veíamos hasta 50 heridos y hoy máximo 15, es que mejoró la tecnología no es que haya más conciencia”, aclaró.

En un repaso por los tipos de pacientes que el Trauma debió atender, recordó que en épocas normales, fuera de las fiestas, 1 de cada 3 motociclistas accidentados presentaba alcohol en la sangre y durante las fiestas de fin de año, 2 de cada 3 subió al biciclo ebrio.

“En estas fiestas la gente chupaba desde las 7 de la mañana y así iba todo el día manejando, eso es ser troglodita”, afirmó.

Heridos en moto crean más gastos

Sobre los gastos que implica un herido por petardo aseguró que no se compara con lo que conlleva el tratamiento y recuperación de un accidentado en moto. “El gasto no es tan importante como el que provocan los motociclistas que son alrededor de 13.000 al año y causan un gasto de USD 100 millones anuales porque están los que se rompen una pierna y al día siguiente van a la casa y están los que permanecen en terapia durante ocho meses y quedan en terapia y una terapia cuesta 5 millones de guaraníes por día”, explicó.

Sin embargo, dimensionó las consecuencias económicas y sociales para un herido por petardo que pierde los dedos y queda inhabilitado para una serie de labores; otros pierden la vista, y el costo es de por vida.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.