Fue el senador liberal Salyn Buzarquis quien presentó la propuesta para cancelar las facturas de la ANDE y Essap, además de ampliar la lista de los beneficiados con la exoneración de las tarifas, en el marco de la pandemia actual.

Tras aprobarse en ambas cámaras del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo emitió el decreto por el cual vetó parcialmente la normativa, al alegar que se ampliaba la brecha de los beneficios de forma desproporcional al aumentar el umbral de consumo de 500 kW/h mes a 1.000 kW/h mes.

El principal cuestionamiento al proyecto de Buzarquis es que beneficia a todos, incluso a los más potentados, ya que quienes superen los 1.000 Kw/h al mes solamente pagarán la diferencia, por lo que el golpe económico para la ANDE será enorme.

El jueves próximo, el veto del Ejecutivo deberá ser analizado por los senadores, quienes deberán aceptar o rechazar las modificaciones.

La Cámara de Origen, en este caso el Senado, debe rechazar las modificaciones (veto parcial) del Ejecutivo por mayoría absoluta (23 votos al reunirse el quórum legal). Si lo hace, pasará a la Cámara Revisora, la de los Diputados, la cual de vuelta debe ratificarse de igual manera por mayoría absoluta (41 diputados).

Salyn Buzarquis indicó que siguen esperando una contrapropuesta del Ejecutivo. “Buscamos varias alternativas para acordar con el Gobierno una salida. Estamos conversando con bancadas para ratificarnos en la versión inicial”, mencionó el proyectista.

Sostuvo que la versión inicial es para llegar hasta 1.000 kW, “porque ahí vamos a llegar a la clase media y a las olvidadas de las políticas económicas del Gobierno y las mipymes que hasta hoy no están recibiendo respaldo ni créditos, muy poca ayuda”, sostuvo a La Nación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.