En entrevista con la radio 650 AM, la parlamentaria de Patria Querida mencionó que la corrupción y el tráfico de influencias detectados en el Indert no son nada nuevos, ya que hace décadas saltan los casos. Indicó que existe una importante “cifra negra”, aquellos casos que no salen a la luz, porque mucha gente tiene miedo de denunciar y cede ante las extorsiones.

Vallejo dijo que conoce muchísimas situaciones de superposición de títulos de tierras y recordó que en reiteradas ocasiones pidió informes a la institución, pero que esta responde a medias las consultas, por lo que poco se puede hacer desde el Poder Legislativo respecto a esta problemática instalada hace tiempo en el Indert.

Es por ello que la congresista resaltó que la única vía para solucionar es una intervención desde el propio Poder Ejecutivo. “Hay que intervenir de una manera fuerte con los mejores hombres del Gobierno. El presidente Mario Abdo tiene que tomar la decisión de cerrar el Indert por seis meses y hacer una auditoría con un equipo incorruptible desde el primer expediente hasta el último, lo que se pagó, lo que se transfirió e implementar un canal de denuncias seguro. Ni nos imaginamos los nombres y las estructuras que van a saltar”, acotó.

Resaltó que falta una decisión real de parte de Mario Abdo para que se dé un fin a la mafia del Indert. “No se trata de cambiar cabeza, ni aunque le pongas ahí al Papa Francisco. Hay que descabezar toda la institución. Es ya insostenible, hay tomar decisiones drásticas. Esa gavilla del Indert hay que desmantelar. Si toma esa decisión, será un legado muy importante en su gestión”, puntualizó.

Vale recordar que los últimos titulares del Indert están procesados por las irregularidades denunciadas en esa institución pública. Actualmente ese ente estatal pertenece al feudo del senador oficialista Rodolfo Friedmann.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.