Junto a defensores de los derechos humanos, esos familiares asistieron a la retransmisión en directo de la sentencia del juicio por el Plan Cóndor en la embajada argentina en Asunción, a la espera de conocer las sentencias dictadas acerca de las 15 víctimas paraguayas que figuraban en la causa.

El tribunal argentino dictó condenas en relación con los paraguayos Florencio Benítez, desaparecido en 1976 en la provincia de Buenos Aires; Juan Alberto Filártiga, desaparecido en 1978 en Formosa; y Cástulo Vera Báez, desaparecido en 1977 tras su detención en la zona de la Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil.

Además, la Justicia argentina también dictó condena acerca de la desaparición del uruguayo Gustavo Insaurralde, detenido en una pensión de Asunción junto a otro uruguayo y tres argentinos en 1977.

“Éste es el inicio de un veredicto que deberá seguir investigándose, no termina acá y menos para los paraguayos, a quienes nos abre la esperanza para seguir luchando para que en nuestro país también se haga justicia”, declaró Rogelio Goiburú, titular de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica (DRMH) del Ministerio de Justicia de Paraguay.

Goiburú es hijo del médico opositor a la dictadura stronista Agustín Goiburú, desaparecido en 1977 y que también figuraba en el listado de víctimas en el juicio por el Plan Cóndor, y desde la DRMH dedica a la exhumación de restos de desaparecidos para su identificación

Rogelio Goiburú apeló al trabajo de la Justicia paraguaya para condenar a los agentes militares de menor rango, policiales y civiles que tomaron parte en la represión durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), y que continúan con vida.

Por su parte, Guillermina Kanonnikoff, que fue detenida y torturada durante la dictadura stronista, y cuyo marido, Mario Schaerer Prono, fue asesinado por el régimen, dijo que “esperaba como mínimo una cadena perpetua contra algunos represores por sus crímenes aberrantes, que deberían tener una ejemplar sentencia”.

Kanonnikoff fue la promotora de la primera querella presentada en Paraguay por un crimen cometido durante la dictadura, y en 1999 consiguió una condena a la pena máxima de prisión, que era de 25 años, para varios represores stronistas, una sentencia que, según recordó, sentó jurisprudencia aplicable a otros casos similares.

Otro asistente a la retransmisión del juicio, Guillermo González, hijo del paraguayo Octavio Rubén González Acosta, desaparecido en 1973, dijo que “en Paraguay no hay visos de que se concrete un juicio” como el seguido en Argentina por el Plan Cóndor, debido a que el Gobierno del actual presidente, Horacio Cartes, es “netamente

stronista”, y busca obstaculizar el proceso.

En este sentido, el periodista Antonio V. Pecci, miembro de la Mesa de la Memoria Histórica en Paraguay, afirmó que en la Justicia paraguaya están archivados procesos contra los responsables de la dictadura stronista desde hace 20 años, pero los jueces no les dan curso.

“La Comisión de Verdad y Justicia remitió un listado de 70 represores debidamente identificados, pero la Fiscalía no ha impulsado ninguna acción. La Justicia paraguaya está en deuda con las víctimas de la dictadura, y con la vigencia de los derechos humanos”, expuso Pecci.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.